El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha optado por escenificar en Madrid, hoy jueves, una reunión de alto nivel con los fiscales jefes de Cataluña con el objetivo de proyectar la imagen de una Fiscalía vigilante y alerta ante cualquier vulneración de la legalidad vigente, que podría producirse el viernes por la tarde si el Pleno del Parlament de Cataluña aprueba la Ley de Consultas.
Esta Ley habilitaría al president Artur Mas a convocar un referéndum de autodeterminación.
Torres-Dulce ha convocado a la reunión al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Romero de Tejada, y a los cuatro jefes de las fiscalías provinciales de Girona, María Casadevall Barneda, Tarragona, Javier Jou Mirabent, Lleida, Francisco Bone Pina, y Barcelona, Ana María Magaldi Paternostro.
La idea de esta “mini cumbre” surgió, precisamente, de una propuesta personal de Magaldi Paternostro a Torres-Dulce que la hizo suya como una forma eficaz de que la opinión pública visualice con claridad la movilización de la Fiscalía.
“El fiscal general del Estado es la máxima autoridad. Si quiere dar órdenes las da. No necesita reunirse con nadie. Con sólo levantar el teléfono le basta”, explicaron a Confilegal fuentes de la Fiscalía, que confirmaron el objetivo escenográfico y estratégico del encuentro. “Esta reunión se produce por una decisión del fiscal y está dentro de las potestades de su cargo”.
En la reunión se abordarán los pasos coordinados que, dentro del marco legal, debería tomar la Fiscalía ante la desobediencia del gobierno catalán al convocar la consulta.
«Mi obligación como Fiscal General del Estado es estar a pie de obra, consultar y escuchar las opiniones de los fiscales que representan las jefaturas de las Fiscalía para poder, después, tomar las decisiones que haya que tomar, si es que hay que tomarlas”, declaró ayer, durante un desayuno celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao, con motivo del XXV aniversario del Tribunal Superior del País Vasco.
La Fiscalía «prevaricaría», añadió, si no actuara en caso de que se suspendieran el decreto de la Ley de Consulta y de convocatoria, y «se persistiera en algún ámbito en negar la efectividad de un mandato legítimo y constitucional».
Según explicó, «en la base fundamental del criterio de aplicación uniforme de la Ley que exige la Constitución», debe hacerse «una puesta al día de todos los asuntos que existen en Cataluña, que no son solo los de la Consulta».
Eduardo Torres-Dulce, por último, declaró que «o aceptamos el Estado de Derecho o nos situamos a extramuros de él», para añadir que también los tribunales deberían emprender actuaciones de producirse esta situación.
