La Fiscalía Anticorrupción no cree que los fondos que la familia del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha tenido ocultos durante años en Andorra procedan de una herencia y sostiene que la explicación sobre su procedencia ofrecida por el ex mandatario catalán «no resulta del todo plausible, al presentar tanto lagunas como contradicciones”.
Eso es lo que sostiene el fiscal Alejandro Luzón en un escrito de cinco folios de alegaciones presentado en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona que investiga la querella del sindicato Manos Limpias contra Jordi Pujol Soley y su esposa, Marta Ferrusola, por diversos delitos, entre ellos fraude a Hacienda, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos.
La fiscalía rechaza que se dejen sin efecto, tal y como ha solicitado la defensa del matrimonio Pujol, las comisiones rogatorias remitidas a Andorra y Suiza para que las autoridades de esos países informen sobre las cuentas abiertas por la familia del ex president. Luzón resalta en su escrito que el proceso penal precisa necesariamente la existencia de unos hechos que revistan caracteres de delito y que el juez debe valorarlos y actuar, pues, en caso contrario, se generarían espacios de impunidad, “siempre intolerables y de manera especial en unas conductas de corrupción que han alcanzado dimensiones profundas en la sociedad española, con el riesgo cierto de socavar los principios básicos de los regímenes democráticos”.
La fiscalía señala en el escrito, al que ha tenido acceso Confilegal.com, que debe investigarse si la familia Pujol ha cometido o no un delito de fraude a Hacienda. Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos han regularizado su situación ante el fisco de 3,1 millones de euros procedentes de Andorra. Ahora debe comprobarse que la regularización se haya realizado correctamente, “algo que no puede asegurarse en este momento”, señala el fiscal Luzón.
Además, a raíz de la documentación aportada por el Banco de Madrid, se aprecian que “las cantidades regularizadas son superiores al umbral típico de los 120.000 euros que establece el artículo 305 del Código Penal para delimitar la existencia de delito. Marta Ferrusola regularizó 838.244 euros; Marta Pujol Ferrusola, 532.029 euros; Pere Pujol, 701.341 euros; y Mireia Pujol, 1.072.767 euros. “Con posterioridad, entre los días 28 y 30 de julio de 2014, estas personas pagaron otras cantidades adicionales de menor importe”. Según la acusación, debe mantenerse la existencia de un delito defraude fiscal.
La fiscalía añade que existe una «sospecha» sobre la ilicitud de los fondos y duda de su procedencia, pues se desconoce el dinero que se traspasa de una cuenta a otra, los saldos existentes en cada una y los movimientos de entrada y salida. Además, sostiene el fiscal, hay ingresos en efectivo y los ingresos se realizan tanto en dólares como euros e, incluso, en yenes japoneses.
Anticorrupción incide en que los órganos judiciales «no pueden permanecer inactivos a la vista de un patrimonio que puede no corresponder con las fuentes lícitas de rentas conocidas de estas persona».
La familia Pujol niega el delito
Por su parte, la defensa de la familia Pujol niega la existencia del delito, y añade que habrían prescrito, pues Jordi Pujol dejó de ser president en el 2003. Incluso ha calificado la denuncia de Manos Limpias como un «ramillete totalmente impreciso y variado de tipicidades», aderezado con «rumorología» y con abstractas y gratuitas «conjeturas», que tienen como objetivo abrir una suerte de «causa general o ‘inquisitio generalis'» contra ellos, algo que el Tribunal Constitucional «deplora».
