Dos resoluciones de la Audiencia Provincial de Pontevedra cuestionan la idoneidad de las tasas que se cobran en aplicación de la Ley sobre Tasas Judiciales que promovió el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón. El tribunal no cuestiona toda la norma, pero sí algunas de sus aplicaciones y exime al administrador de una empresa de pagar 2800 euros por las tasas de su proceso.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, especializada en materia mercantil, ha dictado dos resoluciones en las que estima la queja interpuesta por el administrador de una sociedad limitada en concurso y al que, para recurrir la sentencia que le condenaba a la pérdida de determinados derechos y al pago de importantes indemnizaciones, se le exigía el previo abono de una tasa «manifiestamente desproporcionada«. Y concluye que «con seguridad» los efectos que tendría su cobro no son los que quería el legislador a la hora de aprobar la Ley de Tasas, en tanto que «afecta negativamente al derecho fundamental al acceso a la justicia».
Las resoluciones, de las que son ponentes los magistrados Javier Menéndez (Presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra) y Manuel Almenar (ex vocal del Consejo General del Poder Judicial) respectivamente, señalan que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional español, la introducción de un régimen de tasas no es contraria, por sí sola, al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, salvo que se demuestre que la cuantía de la tasa resulta tan elevada que impide en la práctica el ejercicio del derecho fundamental o lo obstaculiza.
En las citadas resoluciones se estima la queja interpuesta por el administrador de una sociedad limitada en concurso. Una sentencia calificó el concurso como culpable y condenó a este pequeño empresario a la pérdida de determinados derechos y al pago de indemnizaciones por más de 600.000 euros y, para recurrirla, se le exigía el previo abono de una tasa de 2.800 euros. Ante esto, el empresario interpuso una queja ante la Audiencia, que es la que ahora se ha estimado en dos resoluciones distintas, de modo que queda exento del abono de la tasa.
Los ponentes, en sus resoluciones interpretan que exigir el pago de la tasa no es la única vía posible, sino que existen otras posibilidades más respetuosas con el derecho fundamental y que no violentan la norma legal. Entienden que es procedimiento civil pero con connotaciones penales, en las que interviene el Ministerio Fiscal y está en juego el interés público. Por lo tanto, se encuentran en un supuesto a caballo entre el proceso civil y el penal, e interpretan que se puede eximir del pago de las tasas, como sucede con los procesos penales.
Sin vocación globalizadora
En todo caso, la Sala aclara que esta interpretación responde a las concretas circunstancias de este caso y se justifica precisamente por las mismas, sin vocación generalizadora, al menos en tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional en los diversos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que tiene pendientes la Ley de Tasas de Gallardón.
