El TSJA atribuye a Monteseirín un posible delito de tráfico de influencias y prevaricación
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una providencia en la que aprecia posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación en el exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) por su actuación en la incorporación de un asesor suyo, Enrique Castaño, a la Fundación DeSevilla.
El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha comenzado actuaciones sobre los indicios de posibles delitos de tráfico de influencia y prevaricación que, a juicio de la Sala de lo Social del TSJA, podrían darse en la contratación de Enrique Castaño en la Fundación DeSevilla, contrato realizado por indicación del ex-alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, unos días antes del anuncio del ERE de la fundación.
La Sala de lo Social desestima el recurso presentado por el propio Enrique Castaño, en el que éste solicitaba una mayor indemnización de la recibida por parte de la Fundación DeSevilla como trabajador que se vio afectado por el ERE.
Los magistrados del TSJA consideran que el despido fue procedente y objetivo y por tanto no hay derecho a una mayor indemnización que la recibida por el sueldo estipulado de 35.000 euros.
El TSSJA recuerda que Alfredo Sánchez Monteseirín, como alcalde ya en funciones al haber sido celebradas las elecciones municipales, solicitó al gerente de la fundación la readmisión de Castaño a partir del 1 de junio de 2011, con un salario anual de 35.000 euros, lo que fue llevado a efecto hasta su despido el 5 de octubre de 2011 a manos del Gobierno local del PP, el Alto Tribunal andaluz considera en su sentencia que «cabe inferir un hacer que podría ser constitutivo de delito» en relación al hecho de que el secretario del patronato de la fundación emitiera un informe en el que consideraba que Castaño inició el disfrute de su excedencia el 16 de septiembre de 2007, excedencia «que le fue tácitamente concedida y que permanecía en ella», todo ello a pesar de que en fechas anteriores la misma fundación denegó el reingreso de Castaño.
Junto a ello, y a la vista de los hechos, la Sala considera que pudiera haberse producido un delito de tráfico de influencias y prevaricación, ya que la cobertura legal que se dió a la contratación de Enrique Castaño, por parte del secretario de la Fundación, podría ser ilegal.
La Sala de lo Social pide que se inicié un a investigación penal sobre los hechos y ahora será el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla quien determine si es este Juzgado el que debe instruir o si lo dervia a otros Juzgados de la ciudad que están investigando a los acusados en hechos similares y, por tanto, se acumularían los procesos.
El origen de la denuncia
Fue en noviembre de 2012, como se recordará, cuando el patronato de esta fundación ya extinguida formulaba una denuncia por presuntos delitos societarios, de apropiación indebida, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude en subvenciones, delitos contra la hacienda pública e infidelidad en la custodia de documentos. Los hechos denunciados se encuadran en la gestión de la fundación durante el mandato 2007/2011, cuando IU-CA dirigía esta institución.
La denuncia, promovida por el actual gobierno municipal del PP, avisaba del «crecimiento desmesurado» de contrataciones en favor de miembros del Partido Comunista de Andalucía (PCA), alertando de que los gestores de la fundación destinaban las subvenciones a «otros fines de los propiamente subvencionados» y «sin justificación». Media además un informe de la Intervención General que señala que «la gestión de los programas subvencionados ha dado lugar a gastos que no pueden ser objeto de las subvenciones», insistiendo en una «desviación sustancial de los fines de las subvenciones concedidas».
En la causa figuran como imputados el exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el exgerente de la fundación Miguel López Adán (IU-CA) y el ex delegado no electo de Economía y Empleo Carlos Vázquez (IU-CA).
