La UPF preocupada por las reformas legislativas en materia de Justicia
Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)
Es difícil encabezar unas líneas para hablar de la justicia, o para hablar del estado de la Justicia en esta legislatura que ya comienza a terminar. Y es difícil por la enorme capacidad de generar consensos en su contra de la que puede hacer gala el actual equipo de Justicia del gobierno de la nación.
Tanto, que es no es sencillo encontrar un solo tema legislado, y mucho mas, un tema por legislar o anunciado, que no haya encontrado el mas frontal de los rechazos en los colectivos afectados directa o indirectamente por su aplicación, y que asimismo no encuentre en el ciudadano, destinatario de este servicio público que es la justicia -de este entramado que llamamos administración de Justicia en su mas amplio sentido-, el pagano de la distante manera de entender el ejercicio de promulgar leyes que tiene el ejecutivo.
Esa sensación, la de que no se gobierna para el pueblo, sino para favorecer determinados colectivos o intereses, es el mayor reproche que se le puede hacer a un gobernante, y la forma, la manera de hacerlo, huyendo del consenso, de la audiencia a los colectivos profesionales o ciudadanos, es un ejemplo de este nuevo despotismo cercano solamente a una determinada “elite”, que se retroalimenta en sus propias convicciones.
Solo así se explica, el rechazo, compartido por la Unión Progresista de Fiscales tanto a las reformas legislativas aprobadas en el ámbito judicial, como a las que se hallan próximas a su promulgación. Y es que no han sido pocos los cambios legislativos emprendidos por este Gobierno y que tanta unidad, en su contra, han “ logrado” en el mundo jurídico; tasas, asistencia jurídica gratuita, jurisdicción universal, aborto, seguridad ciudadana, Código Penal o reforma del poder judicial, entre otros.
Con la excusa de los costes y la eficiencia, asistimos a un proceso de progresiva privatización de un derecho universal, lo veremos en los próximos tiempos, habrá que pagar directa o indirectamente por trámites que hasta ahora han sido y deben ser gratuitos, y alejaremos a los ciudadanos, si no lo estaban ya, (incluso físicamente), de la justicia y quienes la administran sin darles alternativa alguna.
Como son pocas las líneas de las que dispongo, y muchos los frentes abiertos por el Ministerio de Justicia, es preciso resumir algunos puntos. Con especial preocupación destacamos la reforma procesal anunciada, tanto en el borrador de Código Procesal Penal como en el posterior anteproyecto de LOPJ, que subestiman la capacidad y valía del Ministerio Fiscal como director de la investigación en un modelo procesal penal que debe adaptarse de forma imperiosa a las realidades y necesidades del siglo XXI. Más al contrario y lejos de acometer el cambio de modelo que la administración de justicia necesita, ambos proyectos sólo resultan explicables desde el desconocimiento y la distancia exorbitante que se constata entre el legislador y la realidad que como Fiscales advertimos en nuestras tareas diarias.
Ideológicamente se imponen concepciones que ponen el acento en la seguridad pública , como si la seguridad a la que se refiere nuestra constitución no fuera sino una garantía del derecho principal, el de la libertad. Se degrada además públicamente este valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico a su ejercicio para unos pocos, como si las plazas o los espacios públicos no fueran de todos. Se somete el ejercicio de determinados derechos fundamentales a un control puramente administrativo, y se aleja, su tutela de la inmediata intervención judicial . Se degrada la discrepancia y la protesta, se atemoriza a los ciudadanos dando la impresión de que vivimos en un país acosado por el caos y la inseguridad. Esa es la repuesta de quienes nos gobiernan a una sociedad que ha sabido comportarse de una manera ejemplar y madura ante las injusticias de una crisis económica, y que ha tolerado recortes insoportables en materia de derechos sociales. La sensación de que el ciudadano no es de fiar, de que debe ser investigado, limitado en sus derechos democráticos más básicos, de que es sospechoso antes que soberano priman en todos y cada uno de los actos y disposiciones del ejecutivo.
En materia de inmigración, asistimos a la lamentable tragedia diaria de la perdida de vidas de seres humanos, que son sistemáticamente cosificadas desde el gobierno central, olvidando la dignidad que merece todo ser humano, y de la que es titular, con independencia del color, del país o de la región a la que pertenezca.
Mientras todo esto ocurre, la prioridad, (o no), es llevar a cabo una nueva regulación del Aborto, o como dice (o decía) el anteproyecto “protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”. Anunciado con este lenguaje sibilino, el texto legal, no solo viene plagado de una importante carga ideológica que trata de pagar determinadas deudas pasadas con algunos de los sectores mas reaccionarios de la sociedad, sino que adolece incluso de innumerables defectos técnicos en la propuesta.
El trato dado a los fiscales como colectivo, a la institución, y al propio Fiscal General, merece también nuestro reproche. Desde la implantación de un nuevo sistema de sustituciones que, lejos de conseguir esa ansiada profesionalización, precariza nuestro trabajo diario, genera injustos agravios comparativos y menoscaba el servicio público de la justicia, pasando por el intento de injerencia en materias tan sensibles como la cooperación judicial internacional, continuando por los nombramientos de fiscales en el seno de nuestra organización sin escuchar siquiera el criterio de la Fiscalía y lo que es mas grave, la confusión interesada entre el interés del estado, (el que defienden con alta profesionalidad los abogados del estado), y el interés público (que defendemos los fiscales), se traduce en un conceptualmente en una desconfianza en nuestra carrera, y en un alejamiento de nuestro papel dentro del titulo VI de la Constitución.
La improvisación preside ,a golpe de titular , las reacciones del legislativo ante los acontecimientos, y esa improvisación se disfraza de comisiones de expertos en proyectos que al final, afortunadamente, no llegaran a ninguna parte. Pero son un aviso de lo que ocurre, o de lo que ocurrirá, cuando no es el interés de la sociedad, sino el de unos pocos, el que preside la acción de gobierno.
