Eduardo de Porres: «La dispersión de criterios es el problema número uno de la Audiencia Provincial»
Eduardo de Porres Ortiz de Urbina (Madrid, 1957) es presidente de la Audiencia Provincial de Madrid desde hace cuatro meses. Posee el don de gentes y es un magnífico comunicador. Tiene carisma y madera de líder, pero él no se lo cree. O prefiere no creérselo.
TEXTO E IMAGEN: CARLOS BERBELL/YOLANDA RODRÍGUEZ
Comenzó como abogado, luego decidió poner codos y sacar la oposición a juez, que requiere mucha disciplina. Le llamaba la vocación. Durante mucho tiempo ha sido profesor universitario y ha participado en numerosos programas de televisión y de radio. Sabe muy bien donde tiene que hacer uso del “suajili” judicial y donde debe hablar en “román paladino”; en cualquiera de los escenarios, sigue siendo la misma persona.
Uno de los principales problemas con los que se enfrentan los tribunales es la disparidad de criterios a la hora de establecer una línea de aplicación. ¿Eso acarrea muchos problemas, no es así?
Se puede usted dar cuenta de que un tribunal como la Audiencia Provincial, donde hay quince secciones penales y otras quince civiles, compuestas por cuatro o cinco magistrados cada una. La dispersión de criterios es el problema número uno de la Audiencia Provincial. En general, es el problema de todos los tribunales colegiados. Máxime cuando unos no conocen rápidamente lo que están haciendo otros en el resto de las salas.
Algunos miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo opinan lo mismo que usted. El problema es la coordinación entre ellos, para que no se emitan sentencias contradictorias en casos casi idénticos.
Uno de los esfuerzos que esta Presidencia está haciendo va en ese sentido, el de establecer mecanismos, a través de la informática, para que todos los magistrados del tribunal conozcan las resoluciones más importantes que se están dictando y así poder unificar criterios entre nosotros a la mayor velocidad posible. Tenemos una reunión anual dedicada a este tema, reunión que vamos a celebrar con mayor frecuencia en el futuro cercano. Precisamente, en estos meses de septiembre y octubre las secciones civiles y penales van a reunirse para poner en común el criterio de todos los magistrados sobre determinados asuntos. Estamos en el buen camino.
«NO CREO QUE LA JUSTICIA SEA UNA LOTERÍA»
Señor presidente, cuando uno habla con abogados te suelen decir que la justicia no es un cachondeo, como decía el condenado ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, sino una lotería. Que depende del juez o tribunal que te toque. ¿Hasta qué punto eso es verdad?
No creo que eso sea verdad, que la justicia sea una lotería. Ya sabe el viejo dicho: una mentira que se repite mil veces se convierte en verdad. En general la mayor parte de los procedimientos se resuelven de acuerdo con pautas legales previamente establecidas. Y existe un acuerdo importante por parte de todos los jueces en cómo aplicar las leyes. No obstante, lo que ocurre es que los casos no son iguales. Tienen connotaciones distintas. En ocasiones, ante una misma situación, una parte tiene pruebas y otra no. Las situaciones varían de un procedimiento a otro. Por eso, muchas veces la solución final es distinta, aunque la Ley sea la misma y el caso sea similar, que no idéntico. En justicia nos movemos sobre una gama muy extensa de grises, de matices, de detalles. Se suele decir que el diablo siempre está en los detalles, y es cierto. La mayor parte de las veces eso es lo decisivo. No es tanto porque los tribunales tengan un criterio distinto, sino porque las circunstancias procesales no son parecidas. De todas formas la dispersión de criterios es una situación relativamente frecuente y por eso existen los recursos y el Tribunal Supremo.
Otra disfunción importante dentro de la justicia española es que hay 52 Audiencias Provinciales que son como pequeños tribunales supremos. Porque al Tribunal Supremo no llega ningún delito que pase de los cinco años de pena de prisión. Eso quiere decir que estas 52 Audiencias Provinciales son, al mismo tiempo, tribunales de apelación y casación para esos delitos de menos de cinco años. Algunos magistrados del Supremo sostienen –y se quejan- que ellos no resuelven sobre el 70 por ciento de los delitos que ocurren en España.
Sí, eso es así. Es la clásica reforma en la que todo el mundo está de acuerdo pero nunca se llega a implementar. Hay una solución muy sencilla y es que el Tribunal Supremo seleccione aquellos asuntos que tienen interés casacional, trabaje sobre ellos y unifique doctrina. Nadie entiende porque esta reforma no se pone en funcionamiento.
¿Sin dinero se puede llevar a cabo una reforma judicial?
Es evidente. Sin dinero no se puede llevar una reforma judicial a fondo. Esperemos que acabe pronto esta crisis y que se reactiven todas las inversiones previstas en Justicia, con los ajustes que sean necesarios. De verdad que lo necesitamos. Los ciudadanos no saben el esfuerzo que los jueces hemos hecho, con nuestro trabajo, para suavizar esta situación. Los jueces no somos entes al margen de la sociedad. Somos parte de la sociedad, tenemos familia, tenemos amigos, que han sufrido la crudeza de esta crisis y nos sentimos muy solidarios con ellos. A nosotros también nos duele.
«EL BOLETÍN DEL ESTADO NO TIENE NINGÚN PODER MÁGICO»
Mucha gente en la Administración del Estado, y particularmente, en la Administración de Justicia –y en ella, muchos políticos- parecen creer a pies juntillas en el “poder mágico” del Boletín Oficial del Estado. Que porque se publique una ley en el BOE es suficiente para hacerla realidad. ¿Usted cree, como ellos, en ese poder mágico del Boletín Oficial del Estado?
(Se ríe abiertamente). No, por supuesto que no. El Boletín Oficial del Estado no tiene ningún poder mágico. El poder mágico, si existe, está en la voluntad política, que es esencial, en la planificación bien pensada y consensuada de los proyectos, y en las inversiones que son necesarias. La Justicia no puede seguir siendo una Cenicienta. Confío en que, más pronto que tarde, deje de serlo.
Hay reformas que se aprueban, que se publican en el BOE y se olvidan. Por ejemplo, la creación de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional o la asunción de la apelación penal por parte de los Tribunales Superiores de Justicia. Una reforma que se aprobó en el 2003. Hace ya 11 años.
Hay una exigencia, por parte de los tratados internacionales, de que en España se aplique la segunda instancia. Yo no creo que haya grandes dificultades para establecer esas salas de apelación. Sin embargo, no se ha hecho. Tampoco sé cuál ha sido el motivo. De lo que sí soy consciente es que hay determinadas reformas de gran calado, que requieren dinero y que requieren mucho acuerdo político para su implantación. Por ejemplo, toda la organización del sistema judicial o el establecimiento definitivo de qué modelo de investigación y enjuiciamiento criminal queremos. Eso es lo que queda por cerrar.
El gran problema que siempre emerge es el de la independencia del Ministerio Fiscal. Hoy es el Gobierno es el que nombra al Fiscal General del Estado. ¿Cómo dotar de esa independencia al Ministerio Fiscal? Que no dependa del Gobierno pero que no se vuelva una fuerza incontrolada. Algunos compañeros suyos han planteado que sigan siendo los jueces de instrucción los que instruyan pero privándoles de su calidad de jueces de garantías y nombrando a otros que hicieran esa función. No costaría mucho. ¿Qué piensa usted?
Yo tuve ocasión de reflexionar mucho sobre esta cuestión. He sido juez de instrucción muchos años y con independencia del modelo que tengamos al final, yo creo que el actual es perfectamente constitucional. Tiene sus inconvenientes, pero también el sistema acusatorio puro los tiene. Si hubiera que hacer una reforma del sistema tendría que ser para mejorar notablemente la situación actual. El modelo final debe optar por atribuir la instrucción al fiscal o seguir contando con el juez de instrucción actual pero distinguiendo entre el juez que instruye y otro juez o tribunal que actúe en función de garantía o control. Con independencia de eso, digo, creo que hay etapas intermedias que se pueden ir cubriendo. Se podría dar mucho más poderes al fiscal en el inicio de la investigación, para que organice toda la actuación policial y para que al juzgado sólo lleguen las causas que necesariamente deban investigarse, eliminando todos los problemas iniciales que se dan en la investigación española, como puede ser la reapertura de procedimientos, las acumulaciones, las inhibiciones y un montón de papeleo que no va a ningún sitio, que ocupa muchísimo tiempo.
«HAY MECANISMOS SUFICIENTES PARA SIMPLIFICAR TODO LO QUE ES LA TRAMITACIÓN BUROCRÁTICA DEL PROCEDIMIENTO»
El fiscal general del Estado dijo, en su discurso de apertura de tribunales, que los procedimientos penales españoles son muy lentos. En concreto dijo que la duración de un procedimiento abreviado en España, desde que el minuto uno hasta que se produce la sentencia de apelación (no entran aquí los tiempos de la casación) es de 3 años y 15 días; en el del sumario el tiempo transcurrido es de 2 años 8 meses y 10 días; y en el del jurado 2 años, 10 meses y 22 días. ¿No creo usted que es excesivo?
Sí que lo es. Muchas de las cosas que alargan los procedimientos son cuestiones de la naturaleza de la que le he hablado. Hay mecanismos suficientes para simplificar todo lo que es la tramitación burocrática del procedimiento al margen del modelo que tengamos. Deben solucionarse estos problemas burocráticos. Eso, de entrada, se podría ir haciendo.
Según dicen los abogados, la introducción de las tasas ha supuesto un 40 por ciento menos de trabajo para ellos y en torno a un 60 por ciento menos para los procuradores. ¿Aquí en la Audiencia Provincial también se ha notado?
Sí, claro. En la jurisdicción civil. En los últimos dos años se ha producido una reducción de asuntos cercana al 20 por ciento. En la penal no ha tenido ninguna incidencia porque no hay tasas. Lo que sí encontramos es que algunas cuestiones que antes se planteaban por la vía civil ahora se tratan de llevar por la jurisdicción penal. Precisamente para no tener que pagar tasas.
Esa disminución del número de asuntos, conlleva una mejora en la calidad de las sentencias.
De momento, al reducirse el número de asuntos se ha reducido, a su vez, la bolsa de asuntos pendientes. Si se mantuviera esta tendencia y los magistrados siguieran con este ritmo de trabajo, en dos o tres años podríamos llegar a un punto en que ya no existirán los asuntos pendientes y tendríamos más tiempo para dedicar a cada uno de los asuntos. Eso, sin duda, mejoraría la calidad de las sentencias.
Una de las críticas más directas y contundentes que se hacen a las tasas es que ha reducido el derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables. No recurren porque no tienen dinero. Además de pagar al abogado, las tasas, y si pierden, las costas…
Creo que la imposición de las tasas puede ser uno de los instrumentos para reducir la litigiosidad. El gran problema de la justicia española es que la litigiosidad es muy alta. Hay demasiados procedimientos. Y no utilizamos los mecanismos extrajudiciales, como la mediación o el arbitraje, que son muy eficaces para reducir los conflictos. Pero es que son nuevos y desconocidos para la mayor parte de los ciudadanos. Se necesita tiempo para que calen y se asimilen dentro de la normalidad. La imposición de la tasa puede ser una medida razonable siempre que sea una medida proporcionada y no una limitación de acceso a los tribunales. En los próximos meses se debería hacer un balance para ver si las tasas que se han impuesto son razonables. Si se deben reducir o si se tienen que modificar.
«UNA TASA PUEDE RESULTAR DESPROPORCIONADA, AUNQUE SEA DE 200 EUROS»
Ahora las tasas en primera instancia son –de media- de 200 euros, en segunda instancia son 900 y en la casación son 1200 euros. ¿No le parece que son excesivas?
Una tasa de 200 euros para un asunto de mínima cuantía podría resultar excesiva. Eso es obvio. A lo mejor para un asunto superior a los 3.000 euros. Una tasa en relación con determinadas personas y determinados procedimientos puede resultar desproporcionada, aunque sea de 200 euros.
La Audiencia Provincial juzga asuntos de más de cinco años, ¿Cuáles son los delitos más frecuentes?
Los más frecuentes son el de tráfico de drogas, las lesiones, agresiones sexuales y los delitos económicos. La verdad es que me siento muy orgulloso de la eficacia de mis compañeros. En Penal, como le dije, el año pasado resolvimos 35.319 asuntos. En el primer semestre de este año, hemos resuelto ya 19.002. En Civil fueron 15.153. 9.045 en los primeros seis meses de 2014.
¿Se considera partidario del jurado?
No soy muy partidario del Jurado, pero reconozco que los procedimientos por jurado son procedimientos que se llevan muy bien, que funcionan bien y que sus pronunciamientos generalmente son adecuados. Sin embargo, entiendo que es un procedimiento que tiene algunos problemas: es muy caro, es muy lento y los jurados no tienen conocimiento del derecho. Hacer comprender a los jurados determinados criterios que ya están asentados jurisprudencialmente es muy difícil.
¿En cuántos juicios con jurado ha estado y cuál ha sido su sensación?
Yo he presidido dos en estos últimos siete años. Me han correspondido algunos otros, pero se han resuelto finalmente por acuerdo, por conformidad. Mi sensación ha sido distinta en un caso y en otro. Uno fue perfecto, y el otro, en mi opinión, en el desarrollo del procedimiento no fue el más adecuado, aunque el veredicto fue el correcto.
Hace poco se presentó la memoria de la Audiencia Provincial, ¿cuántos juicios por jurado se han realizado durante el 2013?
Es porcentaje pequeño: cincuenta.
50 juicios con jurado de 35.319 asuntos, ¿no cree que se hace bastante demagogia con el debate de si jurado sí o jurado no?
El jurado está establecido en la Constitución. No debe haber discusión sobre si debe haber o no procedimientos que se enjuicien por el tribunal del jurado. Pero sí que existe una discusión doctrinal sobre los delitos que juzga o sobre su ámbito de actuación. Deberían delimitarse de forma más coherente ya que los delitos competencia del Jurado son muy heterogéneos . Hay motivos en contra y a favor del jurado. Por ejemplo, el jurado es caro, el procedimiento es más lento y sus miembros no saben derecho. Y a favor, es evidente, la ciudadanía, de donde emana la Justicia, hace justicia y participa en pie de igualdad con el juez profesional. Yo creo que tenemos que reflexionar en profundidad sobre la ley del jurado. Han pasado 18 años desde que entró en vigor. Creo que tenemos suficiente experiencia acumulada para decidir qué funciona y qué no funciona.
¿Le preocupa la supresión de la Audiencia Provincial en favor de los tribunales de instancia?
En Justicia todos los temas son muy delicados. La Audiencia Provincial de Madrid tiene la ventaja de operar en un ámbito en el que se quiere centrar la reforma que es el provincial. Su funcionamiento no es muy complejo y se puede adaptar perfectamente a la nueva oficina judicial para acercar la justicia al ciudadano. En Madrid, no es un problema muy serio, pero sí puede serloen Comunidades Autónomas con muchas provincias.
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Eduardo de Porres fue elegido para esta responsabilidad por el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, por una mayoría de 17 a 2, lo que da idea de la unanimidad que hubo en torno a su persona. De Porres sustituye a Ana Ferrer, que se ha convertido en la primera mujer que entra a formar parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La siguiente pregunta era de cajón.
Y usted, ¿por qué ha querido ser presidente de la Audiencia Provincial de Madrid?
(Sonríe y se lo piensa) Para aportar mi grano de arena. Llega un momento en la vida en la que crees que puedes contribuir a que las cosas mejoren. Tienes una experiencia valiosa que puede aportar algo nuevo y diferente.
Y si tuviera que explicarle a alguien que no conoce nada de lo que es una Audiencia Provincial y lo que hace usted, ¿qué le diría?
Pues que, básicamente, gestiono la organización de dos grandes edificios, uno en la calle Santiago de Compostela, al noroeste de Madrid, y otro en la calle Ferraz, en el este, en el que trabajan muchas personas, jueces, cuyo cometido es solucionar los problemas y los conflictos de los ciudadanos, que son los que pagan nuestros sueldos. Yo mismo soy uno de esos jueces, aunque mi dedicación a administrar justicia ahora no es plena. Para explicarlo con claridad: mi cometido principal es hacer que todo funcione lo mejor posible.
¿Cuál es el problema más común al que tiene que hacer frente?
Con los magistrados lo más frecuente es cubrir las vacantes. Dese cuenta de que son 150 jueces, sumados los de Civil y Penal, los que forman la Audiencia Provincial, y los cambios son muy frecuentes. A veces tenemos que hacer malabarismos (se ríe abiertamente).
Por último, ¿cuáles son los retos de la Audiencia Provincial, vistos desde la Presidencia?
Los dos retos fundamentales son por un lado, el aumento de la plantilla para adecuarla a la alta ligitiosidad que padece y, por el otro, la unificación de criterios. La Audiencia Provincial de Madrid soporta una carga muy elevada de trabajo, tanto en el ámbito civil como penal. Parece que próximamente puede haber un aumento de plazas en propiedad para que los jueces puedan trabajar de una forma más razonable a como lo hacen actualmente. Sobre la unificación de criterios, pretendo intentar, a través de una aplicación informática en la que estamos trabajando, que todos los magistrados conozcan de primera mano lo que están haciendo los compañeros. Hay que potenciar la gestión del conocimiento para que los criterios se unifiquen y se optimice el trabajo y los resultados.
