Rápido diagnóstico de la justicia penal española

Rápido diagnóstico de la justicia penal española

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22/9/2014 00:00
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Actualizado: 08/4/2016 10:07
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Salvador Viada Bardají, Portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)

Se le solicita a la APIF por Confilegal, publicación a la que deseo el mejor futuro, una valoración de la situación de la Justicia española y un balance de la Fiscalía. El diagnóstico creemos que puede hacerse rápidamente, si bien la exposición de las razones de ese diagnóstico ocuparía algo más de espacio del que dispongo.  En cuanto a la Justicia española, en lo que al ámbito penal se refiere, en la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) creemos que es muy deficiente. No solo por el hecho de que en el momento actual haya al final de 2012 y a la espera de la Memoria del CGPJ en el año presente, casi 1.100.000 asuntos penales pendientes.

Es decir, una barbaridad de retraso que a pesar de todos los esfuerzos realizados cuesta un mundo ir reduciendo. La Justicia penal española funciona globalmente mal porque el proceso es obsoleto y poco garantista, superado en todos los países de nuestro entorno cultural; funciona mal porque no está dotada de medios ni personales ni materiales, habiendo fracasado por incompetencia política todos los intentos de generar un sistema informático generalizado, moderno, eficaz y seguro; funciona mal porque desde el mundo de la política se ha focalizado casi todo el interés sobre la Justicia en conseguir influir en ella, mucho más que en hacerla funcionar con total imparcialidad; funciona mal porque se ha actuado con los operadores jurídicos, con abogados y procuradores, con funcionarios, con los fiscales y con los jueces, con displicencia, con distancia, abusando de la vocación profesional de inmensa mayoría, regateando en retribuciones, sin interés en motivar ni en buscar la excelencia, despreciando la eficacia, el mérito, el rendimiento, y sin interés en buscar la eficacia del servicio. Todas estas afirmaciones, que se ven inmediatamente acreditadas con un simple vistazo a lo que ocurre, requieren de explicaciones detenidas, y también de un análisis de los matices, que evidentemente los hay.  

Pero en nuestra opinión, el peor de los males de la Justicia española, aquel del que trae su causa en última instancia el deficiente estado de la misma, es su extrema politización. Una politización que en el caso de la Judicatura se muestra con toda su crudeza, sin disimulo alguno, en el CGPJ, el cual tiene entre sus competencias la promoción de los jueces, el procedimiento disciplinario y la política de nombramientos.  

Con esas herramientas, los partidos políticos que han gobernado España desde 1985han conseguido contaminar políticamente determinados puestos claves de la jurisdicción. No muchos, pero los que realmente les importan.  No les hace falta más a los partidos, claro está.  Basta con conseguir influir en ciertos puestos, y con algunos nombramientos groseramente arbitrarios avisar así al resto de los jueces sobre cuales son las reglas del juego. 

Unas reglas que imponen los partidos políticos en el órgano de gobierno de la Judicatura. No están solos los políticos en esto: cuentan con asociaciones de jueces afines fundamentalmente a PP y PSOE, igual que sucede en la Fiscalía.  De esa cantera asociativa salen los puestos claves con muy pocas excepciones.

En este sentido, se ha aceptado un juego de influencias, ajeno a la competencia profesional y ajeno sobre todo a la esencia de lo que debe ser un árbitro, que es la imparcialidad objetiva (y a veces subjetiva), que ha traído devastadores efectos especialmente en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia económica y a la corrupción, y que ha mermado la credibilidad de la Justicia.

En esas canteras asociativas, sin embargo, todavía no ha llegado el hartazgo, la reacción contra una situación en la que son responsables la mayoría, beneficiarios unos pocos y perjudicada la Justicia española.   En esas canteras todavía no se ha dicho basta por la mayoría, pero se acabará diciendo.

El fenómeno en la Fiscalía es parejo, pero agravado. El Fiscal General del Estado (FGE), jefe del Ministerio Fiscal, ejerce su poder a través de una estructura mantenida y no contestada durante más de treinta años por las dos asociaciones mayoritarias, sin contrapesos internos.

El Gobierno elige por razones de confianza al FGE, y la maquinaria de la Fiscalía funciona con eficacia para que la voluntad del FGE, en criterios generales y también cuando así le interesa, en asuntos particulares, sea implementada.

La Fiscalía funciona con una opacidad impropia del tiempo en que vivimos; los cargos de responsabilidad se eligen sin contrastar públicamente los méritos de los candidatos (en muchas ocasiones no se conoce quien concursa a las plazas), y recaen en un porcentaje incontestable, como si todo el talento de la Fiscalía estuviera asociado a las dos asociaciones conservadora y progresista de fiscales.  Naturalmente, cuando gobierna el PP con mayor peso para la primera, y cuando gobierna el PSOE con más peso para la segunda.

El resultado de muchos años de este sistema en el que el peso del poder político se nota enormemente en la Fiscalía es una institución antigua, con músculo para el combate contra la delincuencia tradicional, pero deficitaria de energía en la lucha contra la corrupción o contra la delincuencia financiera, a la que continuamente se le adelantan acusaciones particulares en la incoación o en la iniciativa de las causas más conflictivas. Una Fiscalía en la que los criterios de afección ideológica y de lealtad personal priman sobre el mérito y la capacidad, de manera que habiendo mucho talento éste no se toma apenas en cuenta para la provisión de cargos. Una Fiscalía que por otra parte está infradotada de medios, incluso peor que la Judicatura, y que gasta una cantidad muy considerable de energía en medidas de control interno del trabajo y del criterio de actuación de los fiscales, los cuales muchas veces padecen condiciones de trabajo abusivas e inasumibles.   

El nuevo sistema disciplinario que se prepara sobre la Carrera Fiscal es impropio de una institución garante del cumplimiento de las leyes en un estado democrático. Especialmente si consideramos que el proceso español moderno que ha de venir pasa por conferir a la Fiscalía el papel clave en la investigación: muchas cosas han de cambiar, está claro.

Efectivamente, este estado de cosas ha de cambiarse siendo la situación actual difícilmente sostenible y sin futuro: abogados, jueces, fiscales, secretarios, funcionarios, y fuerzas de la sociedad han de protagonizar el cambio, ya que no hay manera de luchar contra la corrupción sino desde la imparcialidad de jueces y fiscales y de la confianza correspondida de la sociedad en su Justicia. Hay intereses en que nada cambie, claro está.   Intereses poderosos y con potentes complicidades internas. Y en eso estamos. En la APIF hemos tomado decididamente y en un momento muy difícil el camino del cambio, del futuro, de la libertad, de la aplicación de la ley por igual para todos y de la lucha sin cuartel ni excepciones contra la corrupción. Y no estamos solos en este camino de regeneración.

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