El instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha desestimado archivar la imputación del ex presidente del Govern Jaume Matas, en el marco de la pieza número tres de la causa, centrada en la presunta contratación ‘a dedo’ del arquitecto Santiago Calatrava, por 1,2 millones de euros públicos, para la elaboración del anteproyecto de una ópera de Palma que nunca llegó a ser construida.
Jaume Matas, quien se encuentra en prisión desde el pasado 28 de julio por la primera pieza juzgada del caso Palma Arena, solicitó el sobreseimiento de su imputación después de que el magistrado acordara archivar las investigaciones tanto para Calatrava como para Francesc Fiol, conseller de Educación y Cultura en la última legislatura de Matas (2003-2007).
El propio Calatrava apuntó en el marco de estas pesquisas que Matas fue la persona que solicitó sus servicios para realizar un desarrollo inicial de la remodelación del Moll Vell que culminase con el levantamiento de un teatro de la Ópera, lo que fue perfilándose en varias reuniones de trabajo en la sede del Ejecutivo autonómico, en las que estuvieron presentes tanto Matas como el arquitecto y su equipo.
El ingeniero valenciano negó, sin embargo, que el anterior Govern del PP le favoreciese de forma irregular al adjudicarle, por encargo de Matas, la elaboración del anteproyecto, al tiempo que rechazó tajante haber pagado comisiones por recibir este encargo.
De hecho, su defensa alegó que es «habitual, y así lo permite la Ley de Contratos del Estado», que este tipo de desarrollos urbanísticos se lleven a cabo mediante un procedimiento de adjudicación directa y no por medio de un concurso público, «cuando se quiere contratar a un arquitecto de la singularidad y creatividad de Calatrava».
Fianza de 1,6 millones de euros
Se da la circunstancia de que Castro decretó contra él una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros a petición de la Fiscalía Anticorrupción ante los posibles perjuicios económicos que se derivaron de la contratación de Calatrava. Las acusaciones apuntan a que el ex ministro habría incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación. (EP)
