Rafael Catalá habría sido el nuevo ministro de Justicia tras las elecciones del 14 de marzo de 2004 si las hubiera ganado el Partido Popular. El atentado del 11-M trastocó todo y posibilitó la victoria del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.
Catalá estaba llamado a suceder a José María Michavila, que en aquel momento ostentaba la cartera de Justicia, tras dos años de servicio como secretario de Estado, entre 2002 y 2004. Durante ese tiempo Catalá fue la persona que negoció con el Ministerio de Hacienda la subida del sueldo de los jueces, fue el impulsor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en 2003, de la nueva Oficina Judicial y de los juicios rápidos.
Además, capitaneó la llamada «comisión del 11-M», que gestionó la organización de todos los recursos tras el atentado terrorista y que fue alavada tanto como dentro como fuera de España como ejemplo de eficacia. Dicha comisión estuvo formada, además de por el entonces secretario de Estado de Justicia, por María Dolores de Cospedal, subsecretaria del Ministerio de Interior, Enrique López, vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, y por Carlos Lesmes, director general de Justicia, hoy presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo.
De acuerdo con fuentes del PP, «es falso que Catalá adolezca de experiencia en materia de justicia. Al contrario, a día de hoy es uno de las personas más preparadas, por experiencia en la gestión y por conocimiento de la materia, para suceder a Alberto Ruiz Gallardón. Si hubiera que definirlo con una palabra esa sería ‘eficaz'».
Después de 10 años, el destino ha vuelto a poner a Catalá en la casilla en que lo dejó en 2004.
