Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no disponen de un registro de pederastas que contenga antecedentes policiales, sentencias no firmes y sentencias firmes como en otros países, como Estados Unidos o Gran Bretaña, a pesar de las promesas realizadas por las fuerzas políticas a Juan José Cortés.
Su hija, Mari Luz, de 5 años, fue asesinada por uno de estos depredadores el 13 de enero de 2008.
“El gobierno de aquel momento, me lo prometió. Me dijeron que iba a haber un registro de pederastas pero que sólo sería de acceso de la Policía. Me contaron que los iban a controlar a todos. Está claro que no ha sido así porque este pederasta de Ciudad Lineal es un reincidente”, declaró a Confilegal Juan José Cortés.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cumplió en parte aquella promesa creando el “Registro Central de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes”. No fue un “registro de pederastas”, como el que se le explicó a Juan José Cortés, sino que fue diseñado para complementar la lucha contra la violencia doméstica y de género. En realidad era una aplicación informática.
“Aunque este Registro Central no está concebido como registro específico de agresores sexuales, su puesta en funcionamiento contribuirá a prevenir la especial reincidencia que se produce en estos tipos delictivos, proporcionando tanto a los juzgados y tribunales como a la policía judicial nuevo elementos de conocimiento que permitan una protección más eficaz a los menores”, dice la Circular 3/2009 por del Ministerio de Justicia, relativa a la entrada en funcionamiento de la nueva aplicación del “Registro Central de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes”.
Las consultas a dicho Registro Central se realizan a través del punto neutro judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un nodo de comunicación que conecta a jueces, policías, ministerios, registros oficiales y bancos.
“En la práctica consiste en la consulta a la persona responsable de acceso a la terminal del punto neutro judicial”, explican fuentes de la Policía. “No lo utilizamos para nada en nuestras investigaciones. Utilizamos nuestras propias bases de datos”. Un extremo que han confirmado fuentes de la Guardia Civil.
Según Juan José Cortés, se ha desvirtuado el objetivo final. “Y el objetivo final era prevenir que que ningún niño o niña fuera agredido por alguno de estos monstruos. Que no se produjeran más muertes. Que no puedan tener acceso a las escuelas, a los centros donde están nuestros hijos. Que no puedan trabajar con menores”.
“También apostábamos por la cadena perpetua revisable”, añadió Cortés. “Que estos sujetos, cuando salgan de la cárcel, puedan vivir en sociedad, sí, pero controlados. Con una pulsera telemática en la muñeca. Y que en el momento en que vulneren las limitaciones que les hayan sido impuestas, que vuelvan a la cárcel. Esta gente no tiene recuperación. Tienen que estar controlados, con un seguimiento continuo”.
El criminólogo Javier Durán es de la misma opinión que Cortés: “Echamos de menos un registro de pederastas que combine los antecedentes policiales con las sentencias firmes y no firmes. Sería de una gran ayuda para las investigaciones. Y mucho más que en España se implantara el control de estos sujetos una vez que hayan cumplido su pena. No estaría mal que se introdujera la figura del agente de seguimiento, como ocurre en Estados Unidos”.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, llevó una serie de iniciativas legislativas al Consejo de Ministros, el pasado mes de abril, entre la que se encontraba la creación de un registro de pederastas con sentencia firme, por abuso o trata de menores, aunque hayan cumplido su condena. Siguiendo las recomendaciones del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (2007), que España suscribió en 2009 en Lanzarote.
El artículo 5 de este Convenio especifica la necesidad de garantizar la exigencia del requisito de que los profesionales relacionados con menores (sanidad, educación y protección social, entre otros) no hayan sido condenados por actos sexuales cometidos contra menores.
La existencia de este registro no será de acceso público, pero los centros educativos y las empresas que tengan relación con niños podrán pedir a sus potenciales empleados un certificado que certifique que “están limpios”. Hasta ahora algunos colegios piden un certificado de antecedentes penales a sus posibles empleados pero la información que se facilita no especifica si el delito cometido está relacionado con abuso o trata de menores.
La iniciativa, que todavía no es proyecto de ley, tiene que encajarse con la Ley de Protección de Datos y con la Constitución.
Sin embargo, si alguna vez entra en vigor, no responderá de verdad a la amenaza que representan los pederastas para nuestra sociedad. Es un debate que parecía cerrado tras la muerte de la pequeña Mari Luz pero que ha vuelto a abrirse con la detención del pederasta de Ciudad Lineal.
