Jesús Ortiz Álvarez, María del Mar Henar Ortiz Álvarez y María del Carmen Álvarez del Valle van a ser enjuiciados por un delito de insolvencia punible después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas de Onís, Asturias, Enma Fernández Lemus, decretara auto de apertura de juicio oral.
La juez Lemus, además, les ha requerido para que presten una fianza solidaria de 41.149 euros.
La acusación particular, que representa a la denunciante, Sandra María Ruiz Vázquez, solicita para cada uno de ellos 2 años y 6 meses de prisión y multa de 10 euros diarios durante 16 meses (4.840 euros). Para Henar y Jesús Ortiz, en particular, se solicita la inhabilitación especial para el desempeño del cargo de administrador o apoderado, así como para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
El Ministerio Fiscal no ha presentado escrito de acusación.
El origen de la denuncia se encuentra en las relaciones comerciales que mantuvieron Sandra María Ruiz Vázquez y la empresa Henarmonía, S.C., de la que era administradora la tía de la Reina.
Aquello generó una deuda de 22.600,73 euros que María del Mar Henar Ortiz no abonó. Sandra María Ruiz Vázquez reclamó el dinero por vía ejecutiva ante el Juzgado de Primera Instancia 8 de Oviedo. El 22 de marzo, este órgano judicial dictó un auto acordando el despacho de ejecución contra ‘Henarmonía, S.C.’ y María del Henar Ortiz por la cantidad de 22.600,73 euros en concepto de principal y 6.780,21, calculados para intereses y costas.
El 4 de abril de 2009 el Juzgado le requirió a la demandada que designara los bienes para llevar a cabo el embargo. De la misma forma, se le requirió para que explicara si había realizado la división y la adjudicación de la herencia –una finca- que su padre fallecido, José Luis Ortiz Velasco, había dejado.
La finca se valoró, por los acusados, en la cantidad de 37.000 euros. La mitad de ese valor correspondía a la herencia del fallecido. La otra mitad era propiedad de su viuda.
María del Henar Ortiz presentó una escritura notarial, fechada cuarenta días más tarde, el 14 de mayo. En la misma los herederos (la viuda, María del Carmen Álvarez, y los hijos, Jesús Ortiz y María del Henar) declaraban aceptar la herencia y acordaban adjudicar a la viuda el pleno dominio de la finca, situada en Sardeu, en el municipio de Ribadesella, que estaba inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onis. Por el mismo documento, los hijos renunciaban a reclamar nada de la herencia del padre.
Según la acusación particular, los acusados eran “perfectamente conocedores (de) que tenía un valor considerablemente superior al reflejado en aquella adjudicación hereditaria, habiendo sido tasado dicho bien, con fecha 7 de mayo de 2009 en 554.507,20 euros, en virtud de la petición urgente cursada por la acusada María del Carmen con fecha 23 de abril de 2009”.
De acuerdo con la acusación particular, la abuela hizo una hipoteca inversa con la Caja de Ahorros de Galicia, que dicha entidad aperturó por un importe máximo de 400.000 euros, el 17 de agosto de 2009.
La hipoteca inversa es un préstamo o crédito hipotecario por el que el propietario de la vivienda recibe pagos únicos mensuales, hasta el importe máximo determinado por el porcentaje del valor de tasación en el momento de la constitución. La persona sigue siendo dueña del inmueble hasta su fallecimiento. Los herederos pueden mantener la propiedad del inmueble, después, asumiendo el préstamo hipotecario.
La acusación particular sostiene que Jesús Ortíz Álvarez, «además de prestarse a cooperar con su hermana para que ésta llevase a cabo el alzamiento descrito, tenía también un interés propio en la sustracción de los bienes que había heredado de su padre a la posible vía de apremio sobre los mismos».
