Estados Unidos y Gran Bretaña son dos países que ya han afrontado el peligro que representan los pederasta para sus respectivas sociedades. Los dos han desarrollado leyes que suponen el control de estos sujetos una vez que quedan en libertad porque han cumplido la condena. Los dos desarrollos legislativos se produjeron debido a dos casos que impactaron enormemente a la opinión pública.
La niña del caso estadounidense fue Megan Kanka. Tenía 7 años. Vivía, con sus padres, en una pequeña ciudad de Nueva Jersy, Hamilton Township. Junto a ellos vivía un pederasta llamado Jesse Timmendequas, que había cumplido condena por crímenes sexuales contra niñas.
Timmendequas secuestró, violó y asesinó a la pequeña Megan el 29 de julio de 1994.
Cuando se conocieron los antecedentes del asesino una ola de indignación y de pesar recorrió el país. Hasta el presidente Bill Clinton expresó su pena.
Paúl Kramer, un congresista republicano de la Asamblea General de ese estado, promovió la “Ley Megan”, aunque su nombre oficial, a nivel federal es la de “Ley para el Registro de los Delincuentes Sexuales y de Crímenes contra Niños”.
La “Ley Megan” fue aprobada, en Nueva Jersey, apenas un mes después del asesinato de la pequeña Megan.
Esta ley obliga al registro de los delincuentes sexuales en una base de datos en cada Estado y permite a la Policía notificar a los vecinos del barrio de la llegada del delincuente sexual. También contempla la cadena perpetua, sin posibilidad de libertad, a los acusados de un segundo delito sexual.
La Oficina Federal de Investigación (FBI) ha construido, a su vez, una base de datos nacional con las informaciones de los Estados, para poder seguir a cada pederasta cuando se desplacen de un Estado a otro.
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»25741″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»282″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]
Reino Unido
Gran Bretaña tuvo su “caso Megan” seis años más tarde, en 2000. La Megan inglesa se llamaba Sarah Payne y tenía ocho años cuando el pederasta Roy Whiting la secuestró cuando estaba jugando en un campo de maíz con sus dos hermanos, de 13 y 5 años, en el pueblo de Kingston Gorse, condado de West Sussex, al sur de Inglaterra. Fue el 1 de julio de 2000.
La búsqueda que se desató en Inglaterra fue muy similar a la que se desplegó en el caso de Megan Kanka. Dieciséis días más tarde, el 17 de julio, fue encontrado el cadáver de Sarah Payne en un descampado cerca de Pulborough, un pueblo a 24 kilómetros del pueblo de sus abuelos, donde había desaparecido.
Las investigaciones de la Policía británica condujeron a Roy Withing. Tenía todas las papeletas. Poseía antecedentes penales. Había cumplido una condena de cuatro años de cárcel por un delito de secuestro de una menor y de abusos sexuales. Era el principal sospechoso.
Las primeras investigaciones fueron infructuosas. No encontraron ninguna prueba ni en su casa, que distaba 8 km de dónde había aparecido el cadáver de la pequeña Sarah, ni en su vehículo una camioneta Fiat Ducato.
Un registro posterior consiguió recuperar, de un jersey de Withing, un pelo de Sarah Payne. Un pelo rubio y largo. Gracias a él Withing pudo ser acusado con su muerte y condenado a un mínimo de 50 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional.
Cuando se conoció el desenlace la nación quedó en estado de shock. Como ocurrió en el caso de Megan Kanka, se creó un movimiento para promover un registro de pederastas y una ley que posibilitara su control.
La madre de Sarah Payne siempre afirmó que si hubiera estado en vigor una base de datos de delincuentes sexuales, de forma que los padres de los niños hubieran podido saber que había un pederasta en su barrio, la niña hubiera salvado la vida.
Actualmente está en vigor y, en esencia, es similar a la estadounidense. Con una diferencia. En el caso británico, los ciudadanos no tienen acceso al contenido de la base de pederastas. Es la Policía la que los controla y los vigila. Y los pederastas con antecedentes están obligados a registrarse en ella.
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»25742″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»282″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]
España
España tiene también su caso Megan Kanka o Sarah Payne. Es el caso Mari Luz Cortés, la niña onubense de 5 años que fue asesinada por su vecino, Santiago del Valle, un pederasta con antecedentes.
Sin embargo, no se ha puesto en marcha un registro similar al de Estados Unidos o de Gran Bretaña, a pesar de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero así se lo prometió al padre de Mari Luz, Juan José Cortés.
El entonces ministro de Justicia creó en 2009 un Registro Nacional de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes que, sin embargo, no ha tenido ninguna incidencia en las investigaciones policiales de esta naturaleza. Tampoco se desarrolló ninguna legislación para controlar a los pederastas una vez que hubieran saldado sus cuentas con la sociedad, cumpliendo la pena impuesta. Es la asignatura pendiente.
