El Gobierno ha puesto en marcha la maquinaría legal para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre, con la celebración, este lunes, de un Consejo de Ministros extraordinario que aprobará los recursos.
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, preside el Consejo de Ministros en el que se aprobará presentar los dos recursos ante el Tribunal Constitucional. Al término del mismo, Rajoy hará una declaración institucional a las 12.30 para hablar sobre el recurso a la convocatoria del 9-N.
El Consejo de Estado se reunió ayer en Comisión Permanente para aprobar por unanimidad el dictamen de los dos recursos que el Gobierno piensa interponer ante el Tribunal Constitucional (TC).
Las fuentes del Consejo recalcaban dos argumentos clave. El primero apunta que lo que se pretende consultar a los ciudadanos de Cataluña requiere en realidad de una decisión soberana del pueblo español y, el segundo, que la Generalitat incurre en vicio de incompetencia puesto que pretende sustituir la autorización del Estado por la del Parlament y la del president Artur Mas para realizar una consulta que no es otra cosa que un referéndum.
Con el informe del Consejo de Estado, el Gobierno aprobará los recursos y dará instrucciones a la Abogacía del Estado para que los presente ante el Tribunal Constitucional.
Los recursos de inconstitucionalidad que presentará la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno incluyen la petición de suspensión de la ley, que será «automática» en el momento en el que el TC los admita a trámite.
Hoy, el Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional el decreto de convocatoria de la consulta. Al mismo tiempo, con otro recurso paralelo, impugnará la ley de consultas que el Parlamento de Cataluña aprobó el pasado día 19 y que Mas pretende utilizar como marco jurídico del referéndum. Y automáticamente ambas cosas, la ley y el decreto de convocatoria, quedarán suspendidas, porque el artículo 161.2 de la Constitución establece que cualquier disposición de una comunidad autónoma recurrida por el Gobierno central queda automáticamente suspendida durante cinco meses.
Una vez suspendida la ley y la convocatoria de la consulta no podrá llevarse a cabo «ninguna actuación tendente a ejecutarla, a continuarla o a que surta efecto», avisó ayer la vicepresidenta.
Una vez que el Gobierno haya presentado los recursos en el Tribunal Constitucional, esta institución deberá decidir cuándo convoca un pleno extraordinario para debatirlo, ya que no hay ninguno ordinario previsto para la próxima semana.
