El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que, tal como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado los recursos que presentará ante el Tribunal Constitucional contra la ley de consultas catalana y el decreto firmado el pasado sábado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para convocar el 9-N.
En una declaración institucional, al término del Consejo de Mnisitros, Mariano Rajoy, ha asegurado que «La consulta, ni por su objeto ni por el procedimiento es compatible con la Constitución», ha afirmado Rajoy, quien ha añadido que el Gobierno «está obligado» a presentar los recursos «en defensa de la Constitución y de todos los españoles, incluidos los catalanes». «A ellos y a sus derechos también defendemos con este recurso», ha afirmado.
«Siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar porque atentaba contra la Constitución», afirmaba el presidente.
La convocatoria atenta contra el artículo 1 de la Constitución, aludía el jefe del Ejecutivo, que añadió que la soberanía afecta a todos y cualquier intento de disolverla es contraria a la Carta Magna.
Aunque no ha querido abundar en los argumentos del recurso, el jefe del Ejecutivo sí ha querido señalar que la consulta de autodeterminación es «abiertamente contraria a nuestra Constitución porque la soberanía nacional reside en el pueblo español, en su conjunto, y una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos». «No hay nada ni nadie que pueda privar a los españoles del derecho a decidir lo que es su país», ha incidido. «Lo primero es defender la Constitución, luego ya hablaremos de reformarla».
«Va en contra de la ley desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y perjudica a su bienestar» ha dicho Rajoy sobre el desafío del presidente de la Generalitat, Artur Mas.
El Ejecutivo se ha reunido hoy después de que el Consejo de Estado avalara este domingo los recursos con un dictamen que niega la capacidad del Gobierno catalán de convocar un referéndum que se pronuncie sobre un asunto como la soberanía, que afecta a todos los españoles.
El Gobierno puso en marcha la maquinaria para suspender la consulta catalana en cuanto Mas estampó su firma en el decreto que llama a votar a los catalanes el próximo 9 de noviembre. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en una comparecencia extraordinaria en La Moncloa, confirmó el mismo sábado el inicio de los pasos legales «para promover los recursos de inconstitucionalidad». «Lamentamos profundamente y consideramos un error la iniciativa del presidente de la Generalitat», destacó la vicepresidenta, que lanzó de nuevo el mensaje que repite desde hace meses el Ejecutivo: la consulta no puede celebrarse porque es inconstitucional.
