El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá anunció ayer que una de sus primeras actuaciones será modificar la ley de tasas judiciales. Una ley que fue aprobada por las Cortes con el único apoyo del PP y que se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional.
En su discurso de toma de posesión en el Palacio de Parcent, Catalá ha señalado que retomará e impulsará las reformas pendientes del Ministerio «desde el diálogo y el consenso» para buscar un gran acuerdo en materia de Justicia.
Sus palabras ha sido bien acogidas por los distintos operadores jurídicos, aunque con prudencia.
Según el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer: “Las primeras impresiones sobre el nuevo ministro son positivas. Ha pedido colaboración y ha ofrecido diálogo, lealtad y voluntad de consenso para lograr un gran acuerdo. Además, ha comprometido «análisis para mejorar la aplicación de la ley de Tasas». Desde el diálogo y el consenso, los males de la Justicia pueden encontrar solución y los errores pueden ser remediados». Por eso ha asegurado «Tendrá la colaboración de la Abogacía como la han tenido siempre todos los ministros”. Aunque Carnicer ha querido puntualizar que “esperamos que el nuevo ministro cumpla su compromiso”.
Por su parte, la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos, integrada por un centenar de abogados, catedráticos y funcionarios de la Administración de Justicia, han considerado como una «buena noticia» el anuncio de reformar la Ley de Tasas Judiciales hecho por el nuevo ministro Rafael Catalá y le han requerido que derogue estos gravámenes y de marcha atrás en la privatización del Registro Civil.
La Plataforma, que solicitará una próxima reunión con el ministro Catalá, ha elogiado su voluntad de diálogo frente al «enfrentamiento continuo» y la política de «externalización» que su antecesor Alberto Ruiz-Gallardón mantenía con la mayoría de los sectores judiciales.
