El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha firmado el decreto de nombramiento de los siete miembros de la comisión de control de la consulta del 9 de noviembre y de todas las votaciones que penden de la Ley de Consultas que está suspendida por el Tribunal Constitucional. El Parlament también ha pedido la recusación del presidente del TC y de otro magistrado del alto tribunal.
De esta forma, Mas ratifica el acuerdo que aprobó el Parlament gracias al voto de los cuatro grupos favorables a la votación del 9-N. Sin embargo, el decreto incluye la frase «a los efectos de la vigencia correspondiente», lo que deja en el aire su entrada en vigor y debe interpretarse como que ésta está supeditada a que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos que tiene entre manos y levante la suspensión cautelar de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria que dictó el lunes, como le reclaman el propio Govern y el Parlament en sendas alegaciones.
El Parlament nombró este miércoles a los integrantes de esa comisión, una especie de junta electoral del referéndum. La votación salió adelante gracias a los votos del bloque soberanista -CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP- mientras PSC, PP y Ciutadans se negaron a participar en la votación al avisar, en mayor o menor medida, que podría tratarse de un acto ilegal.
Los partidos soberanistas dieron el paso apoyándose en el informe de los servicios jurídicos de la cámara catalana que no veían ningún problema si la decisión quedaba circunscrita al ámbito político. Con la firma del decreto, Mas ha dado un paso adelante que puede provocar efectos jurídicos. La delegada del Gobierno de Cataluña, Llanos de Luna, ya ha avanzado que la Abogacía del Estado estaba estudiando si con el nombramiento de los siete juristas el Parlament estaba incurriendo en una ilegalidad.
Con todo, el nombramiento de la comisión de control no es efectivo ni vigente hasta que no sea publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El consejero de la Presidencia, Francesc Homs, aseguró que esa publicación se producirá hoy viernes. Por tanto, no se repetirá lo ocurrido con la ley de consultas, que tardó ocho días en publicarse desde que la aprobó el Parlamento catalán, la tarde del viernes 19 de septiembre, hasta que fue publicada la mañana del sábado 27 de septiembre, unos minutos antes de firma del decreto de la convocatoria del referéndum sobre la independencia.
De momento, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está a la espera de dar las instrucciones a la Abogacía del Estado para que pida al Tribunal Constitucional que suspenda también este nuevo decreto de la Generalitat cuando sea publicado en el Diari Oficial de la Generalitat. Se insiste en que hay que esperar a este trámite antes de apelar de nuevo al Constitucional.
Recusan al presidente del TC y a otro magistrado del alto tribunal
Paralelamente, la Mesa del Parlamento catalán, con el apoyo de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, ha decidido recusar al presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, y al magistrado Pedro José González-Trevijano para que se abstengan de intervenir en los recursos de la consulta del 9-N al cuestionar su imparcialidad por su militancia en el PP o su afinidad ideológica con este partido.
