El PP, el PSOE, IU y UPyD exigen que los consejeros y directivos de Caja Madrid devuelvan los 15,2 millones que gastaron entre 1999 y 2012 con tarjetas opacas de la entidad, mientras el Estado considera que está legitimado para exigir el reintegro de dicha cantidad.
Los partidos políticos, además de los sindicatos, exigen que la justicia actúe con celeridad después de que el fondo de rescate a la banca, el Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB), y la Fiscalía Anticorrupción hayan visto indicios de delito en los gastos de 86 miembros de la cúpula de Caja Madrid durante más de una década.
En un escrito, el FROB cree que está legitimado, junto al Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y Bankia, para reclamar el dinero gastado por los directivos de la caja madrileña, ya que el grupo resultante recibió una abultada ayuda pública que podría haber sido menor de no haber existido estos cargos. Sin embargo, el bufete que asesoró a Bankia en la elaboración de los informes que destaparon el escándalo, cree que debe ser la Fundación Caja Madrid quien ejerza este derecho.
Mientras se resuelve esta incógnita, la presidenta de dicha fundación, Carmen Cafranga, presentó su dimisión, ya que ella misma figura entre los implicados y presuntamente gastó 175.200 euros con las trajetas «opacas» . Una conducta que horas antes le había afeado públicamente el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Además de esta dimisión, Pablo Abejas, el ex director general de Economía de la Comunidad de Madrid, fue cesado de sus funciones pues igualmente se le acusa de haber gastado 246.700 euros con las tarjetas opacas, y aunque haya sido el primero posiblemente no será el único.
También el socialista Ángel Gómez del Pulgar ha abandonado la Ejecutiva del Partido Socialista de Madrid (PSM), donde estaba como vocal, después de que su nombre haya aparecido como uno de los exconsejeros de Caja Madrid que supuestamente usó de forma fraudulenta tarjetas de la entidad para gastos privados.
De la lista de los 86, solo tres no utilizaron nunca la tarjeta. Del resto, 83 directivos y consejeros de la caja que sí utilizaron la tarjeta, 28 fueron nombrados a propuesta del PP, 15 por iniciativa del PSOE, cuatro por IU, seis por CC OO y otros cuatro por UGT. Entre los afectados hay dos ex ministros: el popular Rodrigo Rato y el socialista Virgilio Zapatero.
Los 21 consejeros ejecutivos y directivos de Caja Madrid, entre ellos Miguel Blesa e Ildefonso Sánches Barcoj, gastaron 6.285.100 euros entre 2003 y 2011, mientras que 65 miembros de la Comisión de Administración y Control de la caja cargaron un total de 8.964.200 euros en el mismo periodo.
Reacciones políticas
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, avisó de que suspenderá de militancia a todo aquel sospechoso y su partido anunció hoy que se personará si se abre una causa sobre el uso fraudulento de estas tarjetas, igual que UPyD, dispuesta a pedir la imputación de todos los sospechosos.
En la misma línea, el PP ha insistido en que quien haya hecho un mal uso de las tarjetas corporativas de Caja Madrid no sólo devuelva el dinero sino que también responda ante la Justicia.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha sido uno de los primeros en declarar que el uso de estas tarjetas, al margen del sistema tradicional de Caja Madrid, es «execrable».
Como añadieron los técnicos de Hacienda, Gestha, Caja Madrid puedo incurrir en delito fiscal al distribuir estas tarjetas entre su cúpula y sorprende que entre los implicados haya inspectores y ex altos cargos de la Administración.
Los sindicatos
CCOO y UGT han abierto ya sus investigaciones internas para esclarecer lo sucedido, puesto que también figuran algunos de sus representantes entre los titulares de las tarjetas opacas de Caja Madrid, por las que no consta que pagaran impuestos.
Entre ellos, el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, que gastó algo más de 44.000 euros con la tarjeta que tenía de Caja Madrid por su condición de consejero de la entidad y que ha afirmado que estudia la posibilidad de presentar su dimisión.
El juez Andreu continúa con la investigación
Mientras todo esto se aclara, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado traslado de toda la documentación a los dos peritos designados por el Banco de España para el «caso Bankia», con el fin de que se pronuncien al respecto.
En una providencia, el magistrado incorpora el informe de la Fiscalía Anticorrupción fechado el pasado día 26 en el que aprecia indicios de delito societario y apropiación indebida en los hechos, así como toda la documentación recibida por parte de la propia entidad y del FROB, a la pieza separada que desgajó del caso Bankia sobre la prueba pericial del mismo.
En concreto, Andreu quiere conocer si en opinión de los técnicos del Banco de España las personas que las usaron pudieron cometer algún delito y si el banco supervisor conocía la existencia de dichas tarjetas.
