El Gobierno ha reclamado al Tribunal Constitucional, a través de la Abogacía del Estado, que anule la junta electoral puesta en marcha por el presidente catalán, Artur Mas, el pasado 3 de octubre.
El Ejecutivo ha enviado al alto tribunal un «incidente de ejecución» por el incumplimiento de la providencia dictada el pasado día 29, en la que el tribunal dejaba claro que, con la admisión de los recursos, quedaban suspendidos tanto la ley como el decreto de la consulta y sus anexos, «así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella».
La impugnación se produce después de que el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara que los Servicios Jurídicos del Estado ya estaban trabajando en la impugnación del decreto de creación de la Comisión de Control de la Ley de Consultas, una especie de «junta electoral», a la pieza de suspensión tramitada por el Tribunal Constitucional (TC), porque supone un nuevo «incumplimiento» del presidente de la Generalitat, Artur Mas.
«Si ha decidido firmar ese decreto, el Gobierno cumplirá su obligación», recordó la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al preguntársele como actuará su Ejecutivo ante el decreto firmado por Mas de creación de la Comisión de Control (equivalente a la Junta Electoral) para el 9N.
La Abogacía ha esgrimido que el Ejecutivo de Artur Mas, al crear esta junta electoral, ha incumplido la providencia del Constitucional que admitía a trámite los recursos del Gobierno central contra la consulta del 9-N.
En concreto, la Abogacía ha presentado un “incidente de ejecución” de la decisión tomada el pasado 29 de septiembre por el Constitucional, que admitió los recursos contra la Ley de Consultas catalanas y la convocatoria de noviembre. Esta admisión supuso la suspensión de ambas disposiciones autonómicas.
A este respecto, los magistrados argumentaron la semana pasada, al admitir los recursos del Gobierno central, que la rápida admisión de las iniciativas legales sobre la consulta del 9-N se debía a la “trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana”.
El Alto Tribunal añadió que “la decisión del Pleno de no demorar su resolución obedece a que el Tribunal Constitucional es consciente de la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas, para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana”.
Actuaciones pendientes en el TC
Fuentes del Tribunal Constitucional también han confirmado la llegada de este escrito, que se presenta en las actuaciones abiertas respecto del recurso del Gobierno contra la Ley de Consultas catalana, y han añadido que ahora se deberá dar cuenta al resto de partes para que aleguen lo que consideren oportuno. Las partes personadas en este procedimiento son la Generalitat y el Parlamento catalanes.
Con este ya son varios traslados que el TC debe realizar en relación con los recursos del Gobierno que fueron admitidos a trámite el pasado lunes contra la Ley de Consultas Catalana y el decreto de convocatoria de la consulta «no referendaria».
No obstante, de momento ni siquiera se ha pedido aún la preceptiva opinión a la Abogacía del Estado sobre los escritos en los que el Govern y el Parlament catalanes solicitaban el levantamiento de la suspensión cautelar dictada en relación con ambas normativas.
Tampoco han llegado aún al TC las recusaciones anunciadas por la cámara legislativa catalana contra el presidente del órgano, Francisco Pérez de los Cobos, y contra el magistrado que ha sido nombrado ponente de la resolución que tiene que resolver el recurso contra la Ley de Consultas, Pedro González-Trevijano.
Por ello, fuentes del tribunal de garantías consideran muy poco probable que esta semana pueda avanzarse en la resolución de todas estas cuestiones, y ello a pesar de que hay Pleno previsto desde mañana y hasta el próximo jueves.
La vicepresidenta insistió el pasado viernes en que el Gobierno seguirá respondiendo «con firmeza y serenidad» a los pasos que dé la Generalitat si no obedece la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, que afecta a todo acto de organización de la consulta de autodeterminación el 9 de noviembre.
«Le recordamos que tiene que cumplir la Ley», aseguró la vicepresidenta, para recordar que el Constitucional ha ordenado suspender todos los actos procedentes o que conlleven el desarrollo de la consulta soberanista.
