El TSJG ha admitido a trámite una querella presentada por la Fiscalía contra el diputado autonómico, y ex alcalde de O Carballiño, Pachi Vázquez. Le imputan un delito continuado de prevaricación por presuntas contrataciones irregulares cuando era alcalde del Concello do Carballiño (cargo al que renunció en el año 2005 para concurrir a las elecciones autonómicas).
La Fiscalía Superior de Galicia pidió que el diputado y ex regidor de O Carballiño (Ourense), Pachi Vázquez, declarase en calidad de «imputado» en una denuncia en la que sospecha de la contratación irregular de, al menos, 37 personas cuando ejercía como alcalde desde 1999 y, en especial, entre los años 2003, 2004 y 2005.
La sala ha aceptado «la competencia para conocer los hechos relatados en la querella criminal formulada por el Ministerio fiscal contra el diputado en relación a la presunta contratación irregular de personal cuando Manuel Vázquez era alcalde de O Carballiño» y ha designado, por turno, como instructor «al magistrado José Antonio Ballestero Pascual, quien con sujeción a la ley «acordará las diligencias de instrucción precisas, entre ellas, si fuere el caso, las solicitadas por el Ministerio Público en su querella», recibida en la Sala el 24 de septiembre.
El procedimiento comenzó en la Fiscalía Provincial de Ourense en junio de 2013, cuando abrió diligencias a raíz de dos sentencias del Juzgado de lo Social en las que se habían practicado diversas pruebas relativas a expedientes de contratación y resoluciones que motivaron la petición de una prórroga de las diligencias que fue autorizada por la Fiscalía General del Estado.
En un escrito de julio de 2014 se recoge que «se consideran constitutivos de cinco delitos de prevaricación continuada». Añade, al respecto que, desde 1999, y «sobre todo en los años 2003, 2004 y 2005» en el Ayuntamiento de O Carballiño «se venían realizando un gran número de contrataciones de personal laboral para desempeño de labores de competencia municipal».
Según explica, muchos de las contrataciones con «duración determinada» se convirtieron en «indefinidas», que traía causa como antecedente de las anteriores contrataciones sucesivas de duración determinada. En otras ocasiones, este carácter indefinido «se obtenía por resolución judicial previa demanda del trabajador correspondiente que fundamentaba su petición».
«Esta forma de realizar contrataciones laborales suponía una forma de actuar sistemática en el Ayuntamiento de Carballiño (…) entre alcalde y concejal de personal, en sus correspondientes periodos de mandato sucesivo, con conocimiento mutuo y corresponsabilidad en su respectiva actuación de contratación, acordaron contratar a los trabajadores (…) de manera absolutamente arbitraria atendiendo exclusivamente a afinidades de tipo político, persona, o de otro tipo no recogido en el ordenamiento», apunta el documento judicial.
La Fiscalía indica que la contratación se realizó «con absoluta y consciente omisión de los más elementales principios que rigen la contratación pública». Sobre ellas, y sus adecuaciones a la legalidad los implicados «nunca solicitaron informe alguno ni a los órganos de la secretaria ni de intervención municipal para no hacer patente su manifiestamente ilícita actuación».
En el escrito judicial, se hacen constar dos decretos, de 2004 y de 2005, dictados por el alcalde Manuel Vázquez. En ellos, constan dos contratos, de seis y de 31 personas respectivamente.
En un comunicado, el ex secretario general del Partido Socialista de Galicia (PSdeG) no ha ocultado su sorpresa por la apertura de esta investigación «días después de anunciar mi candidatura» a la Alcaldía de Ourense, y cuando están «a punto de cumplirse diez años» desde que fue alcalde en dicha localidad. «Nunca, en los años que fui alcalde, ni en posteriores, tuve ninguna denuncia de ningún trabajador, particular, opositor, sindicato o partido político al respecto de los contratos de los trabajadores», ha manifestado Vázquez, sorprendido porque «se esté investigando ahora» su gestión en aquel período.
