Efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional interrogan desde este lunes a «alrededor de 3.000 personas» en distintas provincias andaluzas en el marco de la investigación de la ‘operación Edu’, sobre el presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación para desempleados concedidas por la Junta de Andalucía.
Así lo han confirmado fuentes cercanas a la investigación, que indican que sólo en la provincia de Cádiz se tomará testimonio a «unas 400 personas». Se trata de alumnos, profesores y de personas que podrían arrojar luz a las pesquisas.
Cabe recordar que juzgados de todas las provincias andaluzas investigan el caso de las supuestas irregularidades en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados financiados por la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con la investigación desarrollada al respecto por la UDEF.
Las pesquisas se centraron inicialmente en Málaga, donde la UDEF detectó desde 2010 irregularidades en 17 de las 20 empresas o personas físicas beneficiarias de las subvenciones, estimando la Fiscalía que existen indicios de responsabilidad penal por presunto fraude, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.
Los investigadores indicaban que «en la mayor parte de los beneficiarios de las citadas subvenciones se producen graves incumplimientos en los requisitos que la legislación sobre subvenciones establece». Otras irregularidades serían «la práctica de caza de subvenciones» por parte de algunas empresas y la falta de solvencia y experiencia en las entidades.
La UDEF realizó un informe ampliatorio que apuntaba a presuntas irregularidades similares y que «han beneficiado a determinadas personas» en otras provincias andaluzas, significándose el caso de Almería.
Las investigaciones realizadas distinguen presuntos ilícitos cometidos por los beneficiarios de las ayudas, «tales como falsedad en la presentación de documentos, así como en la acreditación de la asistencia a los cursos, suplantación de la personalidad de tutores o de gastos supuestamente producidos».
Asimismo, se refiere a posibles «irregularidades en el otorgamiento y control de las subvenciones», apuntando a «falta de capacitación de ciertas entidades para la formación profesional, incumplimiento generalizado del compromiso de contratación o absoluta falta de control de la ejecución de los citados cursos». (EP)
