El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a 32 responsables de la estafa masiva de Fórum Filatélico a las que se acusa de estafar 3.702 millones de euros a 269.203 clientes.
En un auto notificado este miércoles, el juez da por finalizada la investigación de lo que se considera una de las estafas de mayor envergadura de los últimos años. La investigación comenzó en mayo del año 2000 y ha acumulado más de 68.000 folios.
El magistrado asegura que Fórum «era económicamente inviable desde su origen y resultaba de todo punto insostenible». Según el juez, los clientes pagaron por los sellos unos precios fijados unilateralmente por la empresa a un precio muy superior a los que podían conseguir en el mercado filatélico, mientras que la sociedad se obligaba a su vez a recomprárselos más caros para abonarles la rentabilidad garantizada.
Tampoco sus doce filiales podían actuar de respaldo, puesto que al tiempo en que se produjo la intervención judicial de Fórum, el 9 de mayo de 2006, acumulaban pérdidas superiores a los 38 millones de euros.
La prueba de que Fórum inflaba el valor de los sellos es que, según la propia entidad, su colección de sellos estaba valorada en más de 4.300 millones de euros, cuando, según el auto, con los precios del catálogo Yvert & Tellier, tenía un valor once veces menor. Es más, el juez asegura que para el supuesto caso de que Fórum quisiera liquidar dicha colección su valor sería, «en el mejor de los casos» y con precios de 2007, de 86 millones de euros.
Para ocultar su situación, mantener la confianza de sus clientes y evitar el rescate de sus inversiones y con ello el «colapso» de la entidad, además de para poder cumplir sus compromisos de pago, los responsables de Fórum, al frente del cual estaba el principal imputado, Francisco Briones, desarrollaron un mecanismo «defraudatorio piramidal», de forma que con el objetivo de retener al mayor número de clientes les ofrecían renovar sus inversiones.
De esta manera, con las aportaciones de los nuevos clientes se pagaban las desinversiones y rentabilidades de los antiguos clientes, a quienes se hacía creer que las cantidades abonadas procedían de la revalorización de sus sellos.
Red comercial
Este proceso de captación y fidelización de los miles de clientes de Fórum pudo sostenerse, afirma el juez, gracias a la «incesante» labor de una extensa red comercial «fuertemente incentivada» e integrada por más de 4.500 agentes comerciales, mediadores y prestadores de servicios.
Entre los procesados se encuentran todos los miembros del Consejo de Administración: su consejero delegado, Francisco Briones, y los consejeros Miguel Ángel Hijón Santos, Juan Maciá Mercader, Francisco José López Gilarte y Agustín Fernández Rodríguez.
Además, reactiva la orden de busca y captura para su ingreso en prisión del huido José Manuel Carlos Llorca, y deja fuera del procesamiento a otras 15 personas por no encontrar suficientes indicios en su contra.
Inversiones inmobiliarias
Parte de los fondos evadidos fueron utilizados por los procesados para acometer operaciones inmobiliarias en su propio beneficio. Una de ellas, a modo de ejemplo, supuso la adquisición de la sociedad Parque Marítimo Anaga y su posterior venta a Grupo Unido, una operación por la que uno de los procesados, José Manuel Carlos Llorca, se embolsó más de 15 millones de euros.
Por todos estos hechos, el juez procesa a los 32 responsables y colaboradores de Fórum, en distinto grado de participación, por delito continuado de estafa cualificada, falseamiento de cuentas anuales, insolvencia punible y blanqueo de capitales e impone a 22 de ellos una fianza de responsabilidad civil de 3.702 millones de euros con los que hacer frente a una eventual condena, «estimación resultante del cálculo del perjuicio económico» causado.
Entre los procesados se encuentran todos los miembros del Consejo de Administración, integrado por el consejero delegado, Francisco Briones, y los consejeros Miguel Ángel Hijón Santos, Juan Maciá Mercader, Francisco José López Gilarte y Agustín Fernández Rodríguez.
Además, Ruz reactiva la orden de busca y captura para su ingreso en prisión respecto del huído José Manuel Carlos Llorca y deja fuera del procesamiento a otras 15 personas por no existir suficientes indicios para sostener una acusación contra ellos.
