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Alexandr Pavlov, disidente kazajo: «No le guardo ningún rencor al juez español que trató de extraditarme»

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Algunos países de la desaparecida Unión Soviética se sirven de Interpol para capturar a sus disidentes. Emiten órdenes de búsqueda y captura contra ellos por falsos delitos, homologables a los de los países democráticos. Así, de forma involuntaria, Interpol contribuye a la represión política y a la vulneración de los derechos humanos. Urge una reforma de la llamada “Alerta Roja”.

“No le guardo ningún rencor al juez español que trató de extraditarme”. Con estas palabras resumió Alexandr Pavlov, disidente kazajo, sus sentimientos hacia Alfonso Guevara, el magistrado de la Audiencia Nacional -presidente de la Sección Tercera de lo Penal- que trató de acelerar su extradición a Kazajistán el 19 febrero de pasado sin tener competencia alguna. 

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La Sección Segunda, responsable del caso, lo impidió, manteniendo la fecha prevista: el 20 de febrero. Finalmente no se llevó a cabo porque la abogada de Pavlov, María Costa, solicitó la adopción de medidas cautelarísimas. Lo que paralizó la extradición. 

“Yo me enteré después, cuando me lo contó mi abogada. Yo estuve en la cárcel, ¿qué más le puedo decir?”, declaró durante su participación en la jornada “Abusos de los mecanismos de Interpol: ¿Hora de reformas?”, organizada por la ONG polaca Open Dialog Fundation, con el analista Jedrej Czerep, y que tuvo lugar en la sede de la Fundación Abogacía Española. 

“Mi caso demuestra que sin apoyo de periodistas y de gente conocida, sin apoyo de abogados y defensores ahora estaría en Kazajistán”, añadió. “Sin embargo, mi caso tiene que resolverse. Todavía no se me ha concedido el derecho de asilo y estoy en libertad bajo fianza desde julio pasado”.  

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Pavlov defiende que su “persecución” forma parte de la estrategia del presidente kazajo, Nursultán Nazarbáyev, de eliminar o detener a cualquiera que se oponga a su régimen. “Tiene miedo de perder su poder y persigue a todos los que hablan en su contra en público”, indicó.

El Gobierno de Kazajistán ha sido denunciado por varias ONGs internacionales por violar los derechos humanos en las prisiones. España es el único país de la Unión Europea que tiene un convenio de extradición con esta república ex soviética en la que las más grandes empresas españolas tienen negocios. 

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PRESIDENTE PERPETUO DE KAZAJISTÁN

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El gobierno kazajo acusó a Pavlov, primero, de malversar fondos y después de terrorismo. Pavlov fue jefe de seguridad de Mukhtar Ablyazov, ex ministro de Energía, Industria y Comercio, y principal opositor al actual presidente Nursultan Nazarbayev, que fue  nombrado el 24 de abril de 2011 “Presidente Perpetuo de Kazajistán”.

El disidente llegó a España el 11 de diciembre de 2012 y fue detenido en una estación de tren en cumplimiento de una orden cursada por las autoridades de Kazajistán a través de la Interpol. El pasado 17 de enero, informó a las autoridades españolas de que quería solicitar asilo, algo que finalmente hizo el 6 de febrero.

Según los participantes en la mesa redonda, algunos países de la desaparecida Unión Soviética, como Rusia, Ucrania y el propio Kazajistán, utilizan a la Interpol para perseguir a sus disidentes políticos, como en el caso de Pavlov o Bohdan Danylyshyn, también presente, que fue ministro de Economía del Gobierno de Ucrania hasta 2010. Pero también en otros casos, como el de Alexey Torubarov, ciudadano ruso, que denunció a una “mafia oficial” por extorsión, o Tatyana Parakevich. 

De acuerdo con la diputada portuguesa, Isabel Santos, presidenta del Comité General de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, “tenemos que evolucionar. Hay que reformar la Interpol porque los dictadores evolucionan. Son muy listos y muy creativos. Y hacen uso de esta organización para capturar a sus disidentes. Es el momento de reflexionar para impedir que se siga haciendo”. 

La Interpol está compuesta por 190 estados que tienen diferentes grados de desarrollo de la democracia, lo que hace posible que una orden internacional sea utilizada para perseguir a los refugiados políticos. 

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LA “ALERTA ROJA”

Los participantes hicieron mucho hincapié sobre el mecanismo de la llamada “alerta roja”, actualmente en vigor, y que necesita ser reformado. Un sistema automático pero con fallos evidentes porque no entra a conocer el fondo del asunto por el que se persigue a una persona. 

Estos países falsamente tipifican las actividades de los disidentes bajo supuestos delitos homologables en la Unión Europea. Las detenciones y la entrega posterior de las personas buscadas se producen sobre esos parámetros. 

Interpol, de esa forma, se convierte, en muchos casos, en un colaborador involuntario y valiosísimo para capturar a las personalidades contrarias al régimen seudodemocrático del país demandante. 

La organización policial, que este año cumple su centenario, podría estar por ello contribuyendo, con la entrega de los disidentes, a la vulneración de los derechos humanos cuya defensa establece el Consejo de Europa y que, paradójicamente, países como Rusia y Ucrania se comprometieron, como miembros, a respetar. 

En el curso de la jornada organizada por la ONG polaca, se señaló también la diferencia de tratamiento de los casos dentro de la Interpol, dependiendo del país de origen y de su poder. Y se citó el caso de la investigación del cámara de televisión, José Couso, muerto a consecuencia del disparo de un tanque contra la habitación del hotel en el que se encontraba, Estados Unidos ha conseguido que no se pusiera la “alerta roja” a los tres militares implicados en el hecho. Un caso cuya investigación lleva el Juzgado Central de Instrucción número 1, de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.