La Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado la fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros que impuso la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.
En un auto, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial estima el recurso interpuesto por la defensa de Álvarez, al que se adhirió la Fiscalía Anticorrupción, y revoca el auto de 11 de marzo en el que la juez impuso a la imputada dicha fianza civil, «debiendo dejarse sin efecto las medidas que en su cumplimiento haya podido adoptar» el Juzgado, como son los embargos trabados sobre una decena de bienes inmuebles y cinco cuentas corrientes propiedad de la ex consejera.
Magdalena Álvarez, que fue consejera de Hacienda en el gobierno autonómico de Manuel Chaves, está imputada en el caso de los ERE de Andalucía y dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) tras hacerse firme la acusación de la juez Alaya, que la considera una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró más de una década.
La juez Alaya acusa a Álvarez de ser una de las “promotoras” del sistema basado en las transferencias de financiación, y que ella considera ilegal. Alaya impuso dicha fianza a Álvarez nueve meses después de su imputación y tras declarar por segunda vez en su juzgado.
En su recurso, y entre otros motivos, el abogado de la imputada pidió la nulidad del auto «por vulneración del derecho a la presunción de inocencia al efectuarse en el auto un juicio anticipado de culpabilidad, desbordando las funciones propias del juez de Instrucción», ello en relación al hecho de que la juez aseverara que la fianza se impone ante la «probabilidad cierta» de que vaya a ser condenada por los delitos que se le atribuyen.
El abogado de Magdalena Álvarez, Horacio Oliva, también recurrió la fianza civil impuesta al entender que «no responde a la existencia de indicios sólidos de criminalidad, toda vez que la propia imputación de mi representada está sostenida en sospechas infundadas, errores sustantivos, generalizaciones indebidas y en una inasumible exégesis de la legalidad».
La Audiencia Provincial analiza ambos motivos de manera conjunta y recuerda que el pasado mes de mayo confirmó la imputación de la exconsejera en un auto donde «hablamos de razonables y fundadas sospechas suficientes para ampliar la instrucción a lo ocurrido a partir, reiteramos, de la aparición como método para dejar de lado el procedimiento adecuado en el otorgamiento de subvenciones sociolaborales y ayudas a empresas en crisis, de la técnica de las transferencias de financiación».
Ya a finales de abril, la Fiscalía Anticorrupción estimó que la fianza impuesta a Álvarez debía ser anulada. En la línea de la decisión de la Audiencia de Sevilla, Anticorrupción consideraba que no es posible imponer una caución a la exconsejera dado que de momento la investigación no puede cuantificar la cantidad de dinero supuestamente malversada durante su mandato como consejera de Hacienda. La fiscalía ya se pronunció en este sentido cuando Álvarez declaró por primera vez en octubre del año pasado.
