El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha descartado por el momento imputar al resto de ex consejeros y ex directivos de Caja Madrid y Bankia que utilizaron las tarjetas opacas a la espera de que los peritos del Banco de España se pronuncien sobre el caso.
En una providencia, el magistrado ha unido el escrito en el que una de las acusaciones le reclamaba la imputación de los 86 ex consejeros y ex directivos a la pieza separada que abrió del «caso Bankia» para investigar este asunto.
Y ello «a la espera del informe pericial de los señores peritos del Banco de España designados en el presente procedimiento», en el que investiga el escándalo de estas tarjetas, emitidas al margen del circuito general y cuyos cargos se gestionaban de forma separada al resto de tarjetas de empresa de la entidad.
Tras recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que apreciaba indicios de delito de apropiación indebida y administración desleal, el juez dio traslado a estos dos peritos, que entre otros asuntos se deben pronunciar sobre las retribuciones de los máximos dirigentes de Caja Madrid y Bankia, del desglose de sus gastos para que emitan su opinión sobre este extremo.
El magistrado sí que imputó de oficio el pasado miércoles a los ex presidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, que deberán comparecer en la Audiencia Nacional el próximo jueves.
Gastos personales
Los consejeros se gastaron los 15,5 millones de euros en restaurantes, grandes superficies, hoteles, tiendas de ropa o joyerías. En concreto, el 33,2 por ciento de los gastos cargados en estas tarjetas corresponden a efectivo sacado de los cajeros, el 14,8 a desplazamientos y viajes, el 11,1 por ciento a grandes superficies, el 10,1 por ciento a restaurantes, el 8,3 por ciento a hoteles, el 5,8 por ciento a ropa y complementos y el 3,3 por ciento a alimentación. El 13,4 por ciento se correspondía con otros gastos no especificados.
El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una documentación y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.
El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto a comienzos de mes por posibles delito societario y de apropiación indebida.
El juez Fernando Andreu, que lo asumió al estar instruyendo el ‘caso Bankia’, preguntó la semana pasada al Banco de España si conocía la existencia de estas tarjetas y le pidió que, en el marco del informe pericial que está realizando sobre las prácticas en la entidad, analice si su uso puede constituir un delito de administración desleal.
