Actual Eurodiputado del PSOE, fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2007. En los últimos cinco años ha presidido la Comisión de Libertades, Justicia e Interior en el Parlamento Europeo, de la que ahora forma parte como miembro y ponente. Su visión de la justicia española no es muy optimista.
TEXTO E IMAGEN: YOLANDA RODRÍGUEZ/CARLOS BERBELL
Usted ha sido ministro de Justicia y ahora está trabajando en Justicia dentro de la Unión Europea, ¿cómo ve desde Europa lo que está ocurriendo en España en materia de Justicia?
La Unión Europea está sumida en la peor crisis de su historia y afecta también a la democracia representativa de los Estados miembros. Desafía su capacidad de respuesta. Todo esto no ha hecho sino empeorar la percepción -que en España ya era mala- de algunas piezas del engranaje constitucional se han ido deteriorando en el curso de los últimos cuarenta años. Particularmente aquellas que estaban preconcebidas, que tenían defectos congénitos más groseros. Este es el caso de la Justicia.
Nuestro sistema tiene un problema de diseño constitucional. Primero porque es una configuración de la judicatura funcionarial, que compartimos con Portugal, con Bélgica, con Francia y con Italia, lo que llamamos el sistema continental. Esto en España tiene problemas específicos por la imposibilidad de cubrir las necesidades de la tutela judicial con jueces reclutados con un procedimiento farragoso y burocrático, que además no responde políticamente, como sí responde el Gobierno. Los jueces están controlados por el Consejo General del Poder Judicial.
En segundo lugar, por un defectuoso sistema competencial que hace que la desconcentración disfuncional de competencias haga del sector justicia un sector en la práctica irresponsable.
¿Aquí estamos hablando de las competencias a las Comunidades Autónomas?
Sí, pero no solo. Está por un lado el Ministerio, que retiene unas competencias; también está el Consejo General del Poder Judicial, con las competencias que le da la Constitución y que no han hecho más que ensancharse; luego están el Consejo Fiscal, con su propia lógica corporativa; la Fiscalía y las corporaciones de funcionarios… Pero además, están también los poderes territoriales. Está el gobierno de España, el de las Comunidades Autónomas y hasta el de los Ayuntamientos que también tienen competencia en materia de Justicia.
Todo esto se convierte en una tormenta perfecta para la ineficacia de la Justicia
Sí, para la irresponsabilidad ante lo que no funciona, que es el defecto que más exaspera a la ciudadanía. Finalmente, toda esa problemática laberíntica desemboca en España en la desigualdad ante la Ley, que es el corolario de la inseguridad jurídica. Muchísimos pleitos de igual naturaleza, o similar, se resuelven de una forma muy distinta en función de a quién le toquen, el interés que se ponga, la diligencia que practique el juzgado correspondiente o la sensibilidad social con respecto a los intereses en juego.
¿La justicia es una lotería?
A juicio de muchos esto puede ser la impresión. Esto irrita mucho a la ciudadanía y hace que el sector Justicia sea de los más desacreditados en la percepción ciudadana. Es un hecho. A las pruebas me remito.
¿La introducción de las tasas ha sido la guinda del pastel?
Ha sido la imposición de un obstáculo impeditivo a la realización de un derecho constitucional que es el acceso a la Justicia y a la tutela judicial. No ha sido inocente. Es un obstáculo de naturaleza clasista que filtra económicamente a los demandantes de justicia. La justicia desde la concepción del PP es para el que se la puede pagar. Con la supuesta idea disuasoria se ha introducido un trámite obstativo que tiene naturaleza económica. Por tanto, disuade de demandar sus derechos a todos los que no puedan pagar.
El partido Socialista suprimió las tasas en el año 1985, ¿Cree que con esta imposición se está creando una justicia de ricos y pobres?
La realidad es así. Incluso alguien podría decir que ha sido siempre así. La política inspirada en valores tiene que dar respuesta y transformar esa realidad. Desde luego lo hace la política socialista, inspirada en valores en los que la igualdad es lo primero. Igualdad ante la Ley y en la aplicación de la Ley.
Si es una evidencia que tener mucho dinero mejora tus expectativas de vida, en la salud, y en los desafíos que la vida te imponga, también lo es en el ámbito de la Justicia. La política está precisamente para garantizar la igualdad en el disfrute de derechos. Y la política del PP apuesta justamente por lo contrario. Este gobierno del PP se ha significado de manera muy alarmante en Educación y en Justicia. La educación y la justicia en manos del PP se han convertido en un trampolín de exaltación de las desigualdades.
Yo como ministro de Justicia imprimí a mi departamento un carácter de promotor de derechos de ciudadanía, de libertades y de igualdad y ahora, el ministerio –en manos de Gallardón- se ha convertido exactamente en lo contrario: regresivo, discriminatorio y laminador de derechos individuales y colectivos.
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Me imagino que usted está siguiendo todas las instrucciones que se están haciendo de casos que se prolongan entre dos y cuatro años.
Una regla de estilo entre los que tenemos responsabilidad política consiste en manifestar respeto por las actuaciones jurisdiccionales mientras están abiertas. Sin embargo, esto no nos impide formarnos un juicio con respecto del modo de obrar y de la percepción que de la justicia tiene la ciudadanía.
El modo de obrar ante algunos sumarios que afectan a los intereses del Partido Popular responde a una justicia lenta, que arrastra los pies, que tiene miedo de ofender al PP. Los jueces y magistrados, en la medida que quieren hacer carrera profesional, se tientan las ropas antes de señalar los casos que afecten al Partido Popular. Por el contrario, cuando una investigación judicial interese al PP, -en la medida que afecte al Partido Socialista-, vemos algunos sumarios que se asemejan mucho a una causa general, como es el caso notorio de los ERE. La delirante presunción de que toda una administración y toda una Comunidad Autónoma hubiesen organizado una conspiración para delinquir no es creíble, resulta disparatada. No se puede creer que todo el mundo esté en el ajo. Se intenta estirar el chicle, evitando a los aforados con la inconfesada intención de no perder el control de un sumario pilotado. Alimentando la sospechas de una imputación general.
Cambiando de tema, ¿Cómo se ve el tema de Cataluña desde Europa?
Europa entra en la peor crisis de la historia a partir de 2008. Es imposible disociar esta crisis respecto de algunas de sus derivadas políticas, que tienen que ver con la desafección hacia las instituciones y hacia las arquitecturas constitucionales de los Estados miembros. Esas pulsiones separatistas se han visto espoleadas por los estragos de la crisis. Mucha gente, cuyos problemas son reales, se ha abandonado a la tentación fácil de la localización chivos expiatorios, liberados de los cuales, sus vidas mejorarían.
La sociedad europea está en crisis, las desigualdades se han incrementado y perdura desde hace años una mayoría nacionalista, que busca una respuesta en la deriva secesionista, como ocurre con la propia sociedad catalana. A situaciones como éstas hay que hacerles frente políticamente, con ideas, con discursos y con acciones. No solo con recursos e impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, que tienen un recorrido limitadísimo.
El Gobierno del PP se ha instalado en un inmovilismo regresivo que ha ido alimentado ésta bomba de relojería. Al no tomar medidas políticas sobre este asunto no ha hecho más que empeorar las cosas.
¿Ha formado parte de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo y supongo que podrás valorar en una escala del uno al diez cómo se encuentra la justicia española en relación con la de otros Estados de la Unión?
No es solo mi opinión o mi ojo de buen cubero, en los análisis de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, los llamados Justice Score Board, que traducido al castellano sería algo así como un marcador de la justicia, la justicia española sale mal parada. Especialmente, si la comparamos con las democracias más avanzadas en Europa. Y sale mal parada desde el punto de vista cuantitativo, por ejemplo, número de jueces y juzgados en relación con la población; como desde el punto de vista cualitativo: duración media de los procedimientos judiciales y de saturación en la red de la actividad jurisdiccional. Eso sí, mejora algo con las últimas ampliaciones de 2004-2007 y, finalmente con Croacia en 2013. Esos países provienen de unos niveles institucionales muy deficientes. Que han bajado el estándar europeo.
Hay un punto particular de la justicia española que preocupa a los analistas y es nuestro proceso penal. Todavía, a estas alturas, mal diseñado. Es un hecho que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1882, parcheada innumerables veces desde la Constitución hasta hoy, pero todavía carente de una arquitectura procesal penal coherente con los valores constitucionales y con los principios más avanzados de la integración europea. Principios consagrados en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Lo que quiere decir que el secreto del sumario, las reglas de intervención de las comunicaciones o de las conversaciones telefónicas, el alcance de la propia investigación sumarial encomendada a un juez resiste muy mal el examen del proceso acusatorio. En términos comprataivos con las leyes más avanzadas recuerda demasiado al proceso inquisitivo.
En la pasada Apertura de Tribunales, el fiscal general del estado hizo hincapié en seguir avanzando en la investigación por parte del fiscal
Al menos durante los últimos 15 años los socialistas hemos favorecido la progresión del protagonismo del Ministerio Fiscal en la investigación de los delitos y en la individualización de las presuntas irregularidades. Eso sí, somos conscientes de que esto requiere un refuerzo creíble de la autonomía del Ministerio Fiscal respecto de la injerencia política directa del Gobierno.
Hay muchos países europeos que funcionan con el equilibrio virtuoso de esos principios, aparentemente tensos. En España no lo hemos conseguido. Las actuaciones del Ministerio Fiscal durante esta mayoría absoluta del Partido Popular son contraproducentes y desalentadoras. El hecho de que el Ministerio Fiscal se haya posicionado de parte, en un buen número de veces, con los presuntos corruptos en lugar de estar al lado de los intereses generales y de la igualdad ante la Ley resulta completamente desmoralizador. Así ha sido en el caso Nóos, en el caso Palma Arena, así fue en el caso Blesa –que produce escarnio general en toda la sociedad después de lo que hemos sabido del saqueo de Caja Madrid-. …Y sin embargo, tuvo al Ministerio Fiscal de su lado en la única actuación judicial que hemos conocido en su contra. Y además, resultó expulsado de la carrera el juez que le empuró.
¿Queda aproximadamente un año de legislatura y hay un montón de proyectos pendientes en el ámbito judicial, desde el PSOE piensan que pueden llevarse a término?
Reafirmo con orgullo que durante el mandato que serví como ministro de Justicia éste fue un baluarte e impulsor de derechos y libertades, de ciudadanía y de leyes que han sido asumidas por el conjunto de la sociedad española como progresos del ordenamiento jurídico: el divorcio express, el matrimonio de personas del mismo sexo, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para agilizar su funcionamiento, la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, la Ley de Igualdad, la Ley contra Integral de violencia de género, que creó en España los juzgados y las fiscalías especializadas.
Durante el tiempo en el que ha gobernado el Partido Popular el retroceso en justicia ha sido brutal. Empezaron por la tasas, privatizaron los registros, la reforma reaccionaria del Consejo General del Poder Judicial para establecer un mando político encomendado a una pequeña corte dentro del Consejo y haciendo imposible que los demás puedan tener el mismo estatus que los que están en la Comisión Permanente. Y todo eso se ha hecho de forma unilateral, sin contar con nadie. También se ha hecho una reforma absolutamente regresiva del Código Penal con la cadena perpetua revisable, que encubre una cadena perpetua.
El ministerio de Justicia, junto con el de Educación, se ha caracterizado por ser el caballo de Troya de los instintos más regresivos y desigualitarios del peor PP.
¿Este, desde su punto de vista, ha sido el periodo más oscuro para la Justicia?
De lejos. Todos los colectivos han estado en oposición directa a las políticas del Ministerio. Todos han sido pisoteados por la soberbia del Ministerio hasta la fecha. Nunca se ha visto a un Ministerio enfrentarse con tantos: jueces, fiscales, abogados, procuradores o funcionarios de la Administración de Justicia. Y eso llama doblemente la atención cuando se sabe, como yo sé, que la composición sociológica e ideológica de esos colectivos es mayoritariamente muy conservadora. En ningún caso esos colectivos son la quinta columna del PSOE, ni de ningún radicalismo izquierdista. El Ministerio ha sido un dechado de soberbia, de no escuchar a nadie y de practicar retroceso tras retroceso con el pretexto de la crisis. Imponiendo un programa inaceptable para la mayoría de la sociedad.
Hasta 2004, cuando fue ministro de Justicia, también fue interlocutor con el anterior ministro de Justicia del PP, José María Michavila, quien tenía como secretario de Estado a Rafael Catalá, que acaba de ser nombrado ministro de Justicia ¿Tiene esperanzas en que Catalá enderece el árbol?
Aquellos fueron años de crecimiento continuado, hasta 2008. Ahora estamos hablando de tiempos muy distintos y, por tanto, no creo que el cambio de talante que pueda suponer Catalá en relación con Gallardón obre una diferencia significativa con respecto del tremendo desaguisado que ha supuesto la gestión del ministerio de Justicia en estos tres años, de mayoría absoluta del PP. Lo veo difícil. En todo caso a cualquiera hay que juzgarle por sus actos y estos están por verse. Habrá que saludar la interlocución que ya ha decidido sostener con los colectivos que ya se habían declarado en cabreo sin matices contra el ministerio de Justicia.
