Ya se conocía que Baltasar Garzón tiene un empleo público en Argentina desde 2012, concretamente como asesor en una comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados, la de Derechos Humanos. Pero este martes ha salido a la luz que, además, el juez condenado en España fue fichado, también en 2012, por la mismísima presidenta Cristina Fernández.
Según publica el diario argentino La Nación, la presidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner, lo ha nombrado «coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos» para promover la «justicia universal» con rango y salario de subsecretario de Estado.
El diario argentino incide en que la colocación de Baltasar Garzón en la plantilla estatal se produjo pese a que ha sido «condenado judicialmente en España» a 11 años de inhabilitación como juez y 2.500 euros de multa, con «sentencia definitiva del Tribunal Supremo». Fue condenado en febrero de 2012 por prevaricación tras ordenar la grabación en la cárcel de las conversaciones entre los presuntos cabecillas del caso Gürtel y sus abogados, vulnerando el derecho de defensa.
Sin embargo, esta sentencia no pareció importarle a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, quien, pese a ello, a fines de ese año lo designó «coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos», con rango de subsecretario de Estado con un ingreso de 72.000 pesos, equivalente a 6.343 euros al cambio oficial. Aunque el ex juez asegura que sólo percibe 47.800 pesos, o sea 4.211 euros.
Esa aparente contradicción, según dijo el constitucionalista Daniel Sabsay al diario, infringe el artículo 16 de la Constitución argentina, así como el requisito de idoneidad exigido por la ley 22.140 que regula la función pública.
Garzón, sin embargo, se ha defendido por escrito en el artículo periodístico. «Puedo ocupar cualquier función pública salvo la de juez, temporalmente. Un cargo como el que ostento lo podría desempeñar en cualquier país, también en España».
«Sigo siendo juez, cuando concluya la condena me puedo reincorporar en forma inmediata» a la Audiencia Nacional española, sostuvo el ex magistrado.
