Nadie daba un euro por la suerte del magistrado Santiago Vidal antes de la reunión de la Comisión Disciplinaria que tuvo lugar ayer en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Casi con toda seguridad iba a ser suspendido cautelarmente durante seis meses. Pero no sucedió. Las cosas no estaban tan atadas como muchos pensaron.
Wenceslao Olea, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y presidente de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, convocó a sus siete miembros para el lunes en una reunión extraordinaria que tenía un sólo punto de orden del día: analizar la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, de suspender cautelarmente de sus funciones durante un periodo de seis meses al magistrado de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona por haber participado en la redacción de una «constitución» para Cataluña.
La pasada semana, el citado Promotor había abierto un expediente disciplinario al citado magistrado por ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales y vulneración del deber de observancia del régimen de incompatibilidades del citado juez.
Todo parecía que estaba atado y bien atado. A favor de la suspensión en un principio estaban Wenceslao Olea, la secretaria judicial Ángeles Carmona, la magistrada Carmen Llombart, el abogado Vicente Guiralte -nombrado a propuesta del PP- todos del sector conservador, y el también letrado, Enrique Lucas, propuesto por el PNV, y ponente de este asunto. En contra, las magistradas progresistas, Roser Bach y Victoria Cinto -esta ex viceconsejera de Justicia con el gobierno de Patxi López-.
Lo que parecía una reunión perfectamente guionizada, y apoyada por el presidente del órgano de gobierno de los jueces, con un resultado previsto de 5 a 2, a favor de la suspensión, se vino abajo a las primeras de cambio.
Contra todo pronóstico, Guiralte se opuso a la suspensión. No compartía la rotundidad de la propuesta y no veía la base legal para la suspensión, explicaron fuentes del CGPJ. «Ya se verá la sanción final, si procede», dijo el abogado durante la reunión extraordinaria.
A Guiralte le secundó Lucas en sus argumentaciones y el sentido de la reunión dio finalmente un giro de 180 grados, contraviniendo el planteamiento de salida. Por cuatro votos a tres, la Comisión Disciplinaria consideró que la suspensión de Santiago Vidal no atajaría la situación que se pretendía evitar: que el magistrado continuara realizando declaraciones que apoyaran públicamente como legítimo el incumplimiento de las leyes y de la Constitución española.
Votaron en contra Roser Bach, María Victoria Cinto, Vicente Guilarte y Enrique Lucas; a favor, Wenceslao Olea, Carmen Llombart y Ángeles Carmona.
La Fiscalía había enviado previamente a la Comisión Disciplinaria un oficio denunciando los hechos y afirmando que no se oponía a la suspensión solicitada por el Promotor de la Acción Disciplinaria.
Por su parte, el magistrado Santiago Vidal se había opuesto a la suspensión en un escrito de alegaciones en el que decía que su actuación se enmarca en el simple ejercicio del derecho fundamental a la libertad de opinión y expresión que como juez, jurista y ciudadano le reconoce la Constitución Española.
La Asociación progresista Jueces para la Democracia se pronunció previamente contra la propuesta del Promotor al considerar «inaceptable» que se quiera castigar la «libertad de conciencia y de expresión» del juez. «Para poder encajar otra falta disciplinaria, el Promotor convierte forzadamente una creación jurídica en una actividad de asesoramiento, que no resulta aplicable en modo alguno a este caso», explicó JD en un comunicado. En este caso, ve «sorprendente» ese esfuerzo y lo contrapone a la actuación de otros conocidos magistrados que han realizado «notorias actividades de asesoramiento para el Gobierno o para entidades como la FAES» y nunca han sido expedientados.
«Entre ellos el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el cual opina con toda libertad sobre la situación política derivada de la consulta catalana y siempre a favor del Gobierno», continúa, para advertir de que la propia actuación contra Vidal se configura como un «escarmiento» para cualquier voz discrepante.
El Promotor de la Acción Disciplinaria tiene ahora un plazo de seis meses para tramitar el expediente disciplinario, que finalizará con propuesta de sanción o de archivo.
La decisión adoptada hoy por la Comisión Disciplinaria puede ser recurrida en alzada ante el Pleno por la Fiscalía.
