«No me pienso implicar en proyectos que no tengan posibilidad de salir», dijo el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. Fue una declaración rotunda de posibilismo político, a 12 meses y medio del final de la legislatura.
«Mi estrategia es bien sencilla. Pocas leyes, pero buenas», añadió, citando una frase que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha repetido alguna vez.
El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, se comprometió a estudiar el impacto de las tasas -sin comprometerse a quitarlas-, mantendrá los partidos judiciales, reimpulsará la implantación de la oficina judicial, articulará la doble instancia, agilizará los macro procesos y pondrá un plazo máximo a la instrucción de los delitos.
También anunció que cambiará la definición de imputado, hará que la concesión de indultos sea más transparente, ampliará el número de beneficiarios de la justicia gratuita, continuará con el proyecto de transferencia de los Registros Civiles a los Registros Mercantiles e impulsará el anteproyecto del Código Mercantil. Sobre esto fue tajante. No cambiará el rumbo.
Fueron casi sesenta minutos a paso dialéctico “legionario”, bien estructurado y con mucho control, bajo la mirada expectante y atenta de todo su equipo al completo, sentados en la parte posterior de la sala.
Fue inevitable, durante toda la comparecencia, el recuerdo continuo de Alberto Ruiz Gallardón entre los señores diputados, sobre todo en referencia a las tasas judiciales y los registros civiles.
Los miembros de la oposición le pidieron-exigieron a Catalá, casi de corrillo, que suprimiera las tasas y que retirara el proyecto de ley que establece la transferencia de los Registros Civiles a los Registros Mercantiles, en estos momentos en el Senado.
Catalá quiso quitar hierro al tema de las tasas relativizando su impacto. «Sólo el 17 por ciento de los ocho millones de asuntos están sometidos a tasas», manifestó. «¿Cuáles son las causas de la reducción de la litigiosidad? Porque habrá más causas». Sin comprometerse a nada anunció que «vamos a hacer un estudio sobre su impacto».
El ministro retomó el discurso de 2004, cuando era secretario de Estado de Justicia, reafirmando su apuesta por la implantación de la oficina judicial y la incorporación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, un impulso frenado en esta legislatura.
En el discurso de Catalá también hubo lugar para formular un compromiso con la implantación de la doble instancia -por cuya ausencia España ha sido condenada-.
MACROPROCESOS, NO
De la misma manera, expresó su decisión de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acabar con los macroprocesos como los que estamos viviendo.
«Acumular en una sola investigación todos los delitos, en base al concepto de conexidad, desdibuja el objeto de la investigación. Porque da ventajas a los imputados. Vamos a presentar un proyecto para hacer una reforma del proyecto penal para que no se produzcan estos macroprocesos», explicó a los diputados. Y añadió que trabajaría para establecer un plazo máximo a las instrucciones para que no se eternicen. Dos ideas que ya expresó en su momento su predecesor,
Por otra parte, aunque supone un simple maquillaje, Catalá reveló que cambiarían la definición de imputado, «para quitarle el carácter de pre condena o pre calificación».
Sobre los indultos, al igual que con las tasas, minimizó su impacto: «En 2014 se han concedido 65 indultos, lo que supone uno de cada cien solicitados». Pero se comprometió a hacer que el derecho de gracia e indulto sea más transparente, proponiendo una reforma enfocada a la introducción de un mayor control sobre su concesión, atendiendo a las circunstancias de la persona y no al delito.
En lo relativo a la justicia gratuita, Catalá apuntó a que el presupuesto de las comunidades competencia del Ministerio (el 25 por ciento del territorio nacional) se ha incrementado un 2,3 por ciento respecto a los dos años anteriores hasta alcanzar los 34,9 millones de euros.
La financiación del mayor número de beneficiarios de justicia gratuita se abordará directamente en los presupuestos para que mediante convenios con las comunidades autónomas (que cubren el 75 por ciento restante del territorio) se garantice la prestación del servicio.
Catalá también hizo hincapié en la profesionalización de la carrera judicial y anunció la creación de 282 unidades jurisdiccionales nuevas, cuyo estudio abordó recientemente el Consejo General del Poder Judicial, y anunció la creación de 46 nuevas plazas de fiscales.
Igualmente recordó que por primera vez en esta legislatura los presupuestos, con todos los programas y organismos adscritos al Ministerio de Justicia, experimentan un incremento respecto al ejercicio anterior de 1.596 millones y que las inversiones aumentarán un 26 por ciento; 75 millones, 59 millones destinados a modernización y 18 millones para el plan de equipamiento e infraestructuras.
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
Catalá, en su primera intervención, no habló de la prisión permanente revisable, pero en su turno de contestación a los diputados admitió que no descarta retirarla de la reforma del Código Penal, cuya tramitación está paralizada desde hace un año.
El ministro dijo que la figura “tiene cabida en nuestra cultura jurídica”, pero a continuación añadió que esa no era “una declaración inicial” y que estaba dispuesto a valorar el grado de consenso que merece su implantación. Después de esa valoración decidirán.
Por último, se mostró abierto a dialogar sobre la sanción prevista en el Código Penal para delitos de coacciones que se está aplicando a sindicalistas. “Podemos hablar”, dijo.
