El Tribunal Supremo ha fijado para este miércoles la deliberación y el fallo sobre el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de declararse no competente para celebrar juicio contra los contratos de Fitur con la trama Gürtel.
El Ministerio Público presentó el pasado abril un recurso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia dejara el caso en manos de la Audiencia Provincial al considerar que la renuncia a sus escaños en las diputadas autonómicas Angélica Such y Milagrosa Martínez conllevaba necesariamente su falta de competencia por carecer todos los acusados de la condición de aforados.
La Fiscalía recurrió al entender que dicha resolución no era ajustada a derecho y anunció un recurso por infracción de precepto legal y constitucional. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ se declaró incompetente para enjuiciar la pieza de Gürtel relativa a las contrataciones por la Feria de Turismo Fitur.
En la pieza 3 del ‘caso Gürtel’ están procesadas 13 personas: Milagrosa Martínez; la también ex consellera de Turisme Angélica Such; Rafael Betoret, ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo; Isaac Vidal, ex jefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa –considerados presuntos cabecillas de la trama–; Isabel Jordán, ex administradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, ex empleada de las mismas entidades.
Para Milagrosa Martínez, Fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such –quien dejó su acta de diputada ‘popular’ hace aproximadamente un mes– requiere otros nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
A los procesados en esta pieza se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market –y otras sociedades vinculadas–, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.
Asimismo, están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.
