El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado para el próximo 12 de noviembre como imputados a once personas que habrían colaborado en las actividades presuntamente delictivas desarrolladas por el hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola.
Entre los imputados se encuentran los ex suegros de Pujol Ferrusola, Ramón Gironés y Mercé Riera, y su ex cuñado Ramón Gironés Riera, así como los empresarios Carlos Sumarroca Claverol, Carlos Sumarroca y el presidente de la constructora Isolux Corsán, Luis Delso.
El juez, que cursa una nueva comisión rogatoria a Andorra en relación con una transacción de 2,4 millones de euros, imputa indiciariamente a los nuevos encausados delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
Además del juez cita también a 27 testigos y ordena librar comisiones rogatorias a Liechtenstein, México y Reino Unido, además de ampliar la de Andorra.
El magistrado considera «especialmente significativo» que Pujol Ferrusola declarara en su comparecencia que no tenía cuentas en el extranjero y el 4 de agosto, apenas dos semanas después, transfiriera 2,4 millones de una cuenta en Andorra a otra en México. El juez pone su precio a esa maniobra: reclama al Principado que congele los fondos de esa cuenta «que había permanecido oculta» y de todas las que localicen al imputado, así como que bloquee todas las propiedades que Jordi Pujol Ferrusola pueda tener en ese país.
Ruz investiga, según un auto dictado en febrero pasado, las transacciones que 17 empresas del ámbito de la construcción y los servicios que «directa o indirectamente» declararon «ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña» realizaron a cinco sociedades propiedad de Pujol Ferrusola y su esposa (Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing).
Pujol Ferrusola declaró ante el juez como imputado el pasado 15 de septiembre, cuando negó haber percibido comisiones por interceder en adjudicaciones públicas y defendió que los cobros millonarios que recibió de diversas empresas concesionarias de obra pública respondieron a trabajos reales y no ficticios.
