El juez de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 24 de noviembre como imputado al ex alcalde de Toledo, José Manuel Molina (PP), en la causa en la que investiga la adjudicación en 2007 de un contrato de basuras a la empresa Sufi, filial de Sacyr, que se realizó, según el ex tesorero Luis Bárcenas, a cambio de una donación de 200.000 euros.
Al día siguiente de que el juez Pablo Ruz imputara al ex secretario general Ángel Acebes por supuestamente autorizar el uso de la caja B del PP para comprar acciones de Libertad Digital, el magistrado retoma la causa sobre la supuesta mordida de 200.000 euros abonada por Sufi, filial de la constructora Sacyr Vallehermoso, a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo. Esa cantidad, según declaró Bárcenas en julio de 2013, tras ingresar en prisión, se utilizó para sufragar los gastos de la campaña electoral de Cospedal en las elecciones autonómicas de 2007, que esta perdió contra el socialista José María Barreda.
Molina, que era alcalde de la ciudad cuando se aprobó una modificación del contrato que, según la Intervención General del Estado (IGAE), supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos legales, está imputado por los delitos contra la administración pública de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
El juez Pablo Ruz también apunta la posibilidad de que en los hechos participaran aforados, condición que entre otros salpicados por esta causa ostenta Cospedal y el presidente de las cortes castellano-manchegas, Vicente Tirado.
Ruz, que investiga en una pieza separada del ‘caso Gürtel’ la supuesta contabilidad B del PP, cita como testigos para el mismo día al actual alcalde de la ciudad y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, al diputado nacional Sebastián González (PP) y al entonces viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Javier Sánchez Rubio.
El magistrado apunta que todos ellos participaron en la concesión del contrato en alguna de sus fases, según la reconstrucción de los hechos efectuada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que ha analizado la adjudicación partiendo de «las entregas de dinero en efectivo por un total de 200.000 euros efectuadas por Bárcenas al gerente del PP, el gerente José Ángel Cañas».
El auto de Ruz se concreta que Molina, participó en la Junta de Gobierno en la que se ratificó el contrato y especifica que otro de los citados, Sebastián González, al que Bárcenas identificó como la persona que presuntamente habría trasladado el supuesto interés por parte de María Dolores de Cospedal de plantear «un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo».
Ruz advierte en un auto de que realizará todas las diligencias de instrucción necesarias «para completar la investigación de los hechos» antes de decidir si se inhibe de este asunto a los juzgados de Castilla-La Mancha.
