La Fiscalía y la Audiencia de Castellón se muestran contrarios a la concesión del indulto del ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, condenado a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales, así como a una multa e indemnización de casi 1,4 millones de euros. Sin embargo sigue en libertad a la espera del indulto.
La Fiscalía Anticorrupción pidió la no concesión del indulto al considerar que Fabra «viene utilizando todos los instrumentos previstos en la ley, incluyendo el recurso de amparo, con un único objetivo: retrasar «sine die» su entrada en prisión».
Anticorrupción argumentaba que la conducta de Fabra fue «intolerable e inasumible» y que los motivos argüidos no se daban en este caso en el que, además, «la inmensa mayoría de ciudadanos, a través de los medios de comunicación escritos y redes sociales, dada la alarma y trascendencia social que estos hechos han tenido frente a la opinión pública» y «clama para que se ejecute pronto la sentencia y se cumpla la pena».
Por su parte, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón también ha informado en sentido desfavorable la concesión del indulto al ex presidente de la Diputación y del PP provincial Carlos Fabra, al considerar que no concurren los motivos que «hagan aconsejable» la medida de gracia.
El pasado 28 de agosto Fabra solicitó al Gobierno central el indulto de la pena alegando su estado de salud -ya que fue sometido a un trasplante de hígado en 2010-, la ausencia de antecedentes penales, su edad y el tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos.
La Sección Primera atendió entonces la petición de Fabra de suspender temporalmente el ingreso en prisión mientras el Gobierno se pronuncia sobre la medida de gracia solicitada.
Y lo hizo en contra del acuerdo no vinculante aprobado por los magistrados de la Audiencia que establecieron que en los casos de petición de indulto no se concedería la suspensión temporal de la pena si la condena era superior a los tres años de prisión.
