El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido, sin citar las últimas imputaciones sobre los casos de corrupción, que «algunas cosas» que no le hubiera gustado que se hubieran producido y ha pedido que se deje trabajar a la Justicia para esclarecer estos hechos.
En su discurso de clausura de la Intermunicipal del PP, que se ha celebrado este fin de semana en Murcia, Rajoy ha asegurado que su partido y el Gobierno están tomando «decisiones» y que la Justicia «está actuando».
Rajoy ha rechazado la idea de que la corrupción sea generalizada porque «algunas cosas», ha dicho, no representan a los 46 millones de españoles ni «al conjunto de España».
«Eso no lo voy a aceptar, por más que a algunos les gusten hacer según qué cosas», ha advertido.
Ya el pasado viernes en Bruselas, el presidente del Gobierno expresó su respeto a las decisiones judiciales en asuntos como el caso Bárcenas y garantizó que el Ejecutivo seguirá ayudando a la Justicia para castigar a los culpables y reconocer a los inocentes.
Según explicó, el Gobierno está adoptando todas las medidas a su alcance para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir con un paquete legislativo que ya se está debatiendo en el Congreso.
Negociaciones con el PSOE
Según publica hoy el diario El País, los principales grupos parlamentarios, PP y PSOE, llevan semanas negociando un «listado de leyes contra la corrupción política». «El primer gran acuerdo consiste en incorporar de forma explícita por primera vez al Código Penal el delito de financiación ilegal de partidos políticos», señala el citado diario.
En el acuerdo entra el refuerzo del marco penal aplicable a los delitos asociados a la corrupción, como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraudes y exacciones ilegales. Se ha zanjado el debate y los reproches entre partidos en torno a cuándo un político inmerso en un procedimiento judicial debe dejar su cargo. El momento será cuando se abra el juicio oral y no cuando se le impute.
También se endurecerá el paso de la política a la empresa privada, o lo que se ha llamado “las puertas giratorias”. Los negociadores de ambas formaciones políticas podrían haber acordado «ampliar de dos a cinco años la incompatibilidad de un ex alto cargo o ex ministro para trabajar en un sector con el que haya tenido relación por razón de su cargo». Y también, en este caso a propuesta del PSOE se «establecerá la obligación a los altos cargos de presentar un certificado de Hacienda cada dos años para constatar la evolución de los ingresos, además de la presentación anual de bienes y patrimonio ante la institución a la que pertenezca».
