Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ha dirigido una macro operación policial en Madrid, Valencia, León y Murcia en la que fueron detenidos el ex secretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, y otras 50 personas que formaban parte de una trama por supuestos delitos de corrupción y blanqueo de capitales.
Precisamente Francisco Granados dejó la política hace ocho meses, cuando dimitió como diputado en la Asamblea de Madrid y como senador, tras la polémica suscitada con una presunta cuenta en Suiza que podría ascender a 1,5 millones de euros.
La mencionada trama suscribió en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales.
A los componentes de la misma se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.
La operación policial, bautizada como «Operación Púnica», ha incluido numerosos registros y ha sido realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha actuado coordinadamente con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.
Precisamente la Fiscalía emitió un comunicado explicando que operaba «una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas».
La investigación tuvo su origen en una comisión rogatoria de las autoridades suizas a España en enero de este año “por sospechas graves de blanqueo”. Aquello hizo que la Fiscalía Anticorrupción pusiera en marcha las indagaciones, liderando un trabajo conjunto con la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado y la UCO. Los resultados obtenidos posibilitaron la presentación de una “detallada querella ante la Audiencia Nacional, que incoó diligencias en junio de este año”.
La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto «la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos».
Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por último se han dictado también 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
La Guardia Civil también ha detenido en el marco de la ‘macroperación Púnica’ a los alcaldes de los municipios madrileños de Collado Villalba, Casarrubuelos, Serranillaos del Valle y Torrejón de Velasco. Además han sido arrestados los alcaldes de Parla y Valdemoro.
Entre los 51 detenidos también se encuentra el empresario David Marjaliza quien en su página web se presentaba como una persona «trabajadora, profesional, esforzada y sacrificada».
El juez investiga a un guardia civil de la localidad madrileña de Valdemoro por haber alertado al ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid y exalcalde de la localidad, Francisco Granados, de la existencia de una investigación contra él, informaron fuentes jurídicas. EP.
