La forma de defraudar descubierta en la Operación Púnica no es nueva. Es un esquema a tres bandas. Por una parte los políticos. Por otro lado, los empresarios. Y en la tercera, los intermediarios. Los políticos amañaban las licitaciones de los contratos a favor de empresarios, que les pagaban una comisión que estaba entre el 2,5 y el 3 por ciento.
Los intermediarios hacían la “sinapsis”, el contacto entre unos y otros, por la que también se llevaban su parte. Vital. Posibilitaban que todo sucediera.
Los “empresarios” pertenecían a la empresa gala Cofely, la cual forma parte de la multinacional francesa del gigante energético GDF Suez. Cofely supuestamente ponía el dinero para “engrasar” los procedimientos; la “mordida”. Didier Maurce, director general en España de Cofely, Constantino Álvarez, jefe comercial y dos hombres de confianza de éste, José Antonio Hernández y Pedro García, están entre los detenidos por orden del magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
Los cuatro forman parte de los 51 imputados de la Operación Púnica, de los cuales más de 30 están detenidos en dependencias de la Guardia Civil. La mencionada trama suscribió en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales.
El ex número 2 del Partido Popular en Madrid, Francisco Granados, habría utilizado sus contactos, en complicidad con los intermediarios de la trama, David Marjaliza, así como los también detenidos Alejandro Pedro de Llorca y José Antonio Alonso, este último alcalde de Cartagena con el PSOE y luego constructor de éxito, para que responsables del PP, del PSOE y de otros partidos se avinieran a estos tejemanejes.
Los alcaldes detenidos son José Carlos Boza Lechuga, de Valdemoro, David Rodríguez Sanz, de Casarrubuelos, Antonio Sánchez Fernández, de Serranillos del Valle, Gonzalo Cubas, de Torrejón de Velasco, Agustín Juárez, de Villalba, todos del Partido Popular, y José María Fraile, de Parla, y del PSOE. En León fue arrestado Marcos Martín, presidente de la Diputación de León y sucesor de Isabel Carrasco, asesinada a tiros el pasado mes de mayo.
Cofely, al parecer, se hacía con licitaciones de contratos de suministro de productos energéticos –electricidad, carburante y gas-, así como de auditorías que tenían como objetivo reducir la factura energética de la Administración. Licitaciones que eran “arregladas” por los responsables políticos para favorecer a la compañía gala por aquellos que tenían el cometido de velar por la buena administración del dinero público. Todo a cambio de comisiones.
Según fuentes de la investigación, el Ayuntamiento de Parla otorgó una concesión a Cofely, en mayo de 2013, por valor de 4,5 millones de euros para suministrar servicios energéticos y mantenimiento de inmuebles municipales y alumbrado públicos. El Ayuntamiento de Valdemoro, en diciembre de ese año, concedió a la multinacional gala un contrato de 65,4 millones de euros. Collado Villalba suscribió el suyo, el pasado mes de mayo, por 42,9 millones de euros, al igual que Móstoles, con la cantidad de 73,1 millones de euros. Todos ellos parecen estar amañados.
Entre otros detenidos “relevantes” se encontraba José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones, que depende de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del ejecutivo autonómico madrileño. Un cargo que ocupaba desde enero de 2008.
La Agencia de Informática y Comunicaciones tiene entre sus funciones la prestación de servicios informáticos -con medios propios o ajenos- a la Comunidad, manteniendo los soportes y desarrollando o adquiriendo aplicaciones informáticas.
También tiene este organismo la competencia de diseñar la programación de necesidades en materia de informática y comunicaciones de los distintos departamentos y organismos de la Comunidad de Madrid; elaborar y aprobar los planes de sistemas de informática y comunicaciones, y programar y asignar recursos humanos, técnicos y económicos.
También fue arrestado el interventor de la Diputación de León, Manuel Jesús López Sánchez. Éste era responsable de supervisar los contratos y adjudicaciones de la institución provincial, algunos de los cuales están bajo sospecha.
La Operación Púnica, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado de momento con la detención de 37 implicados y la imputación de otros 14, todos ellos ediles, funcionarios y empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos, acusados de cobrar y pagar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios.
