El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco comenzará a interrogar este miércoles a los presuntos miembros de la ‘operación Púnica’, entre los que encuentra el ex secretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados. El número de imputados oscila entre los 49, según fuentes de la investigación, y los 51 que indica de la Fiscalía Anticorrupción.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y la fiscal Anticorrupción Carmen García empezarán a interrogar previsiblemente a los miembros de la trama que tenían una menor relevancia para finalizar con los supuestos cabecillas de la red y los políticos implicados, a los que se acusa de cobrar comisiones de hasta el 2 y el 3 por ciento de cada contrato.
La trama, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos –PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA–, y no la financiación de sus respectivas formaciones.
La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética. Según fuentes jurídicas, este sería el caso de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez. A cambio los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario.
Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores –los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca–, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.
Otros arrestados
Entre los detenidos se encuentran un total de 17 cargos relacionados con la política municipal y regional, tres funcionarios de varios ayuntamientos madrileños y 14 empresarios. A todos ellos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la administración y organización Criminal.
Además de Granados, fueron arrestados el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros, Marcos Martínez; el ex regidor de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE) y los primeros ediles de seis municipios madrileños: Valdemoro, José Carlos Boza (PP); Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); Collado Villalba, Agustín Juárez (PP); y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA).
La Guardia Civil también detuvo al jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro, Alfredo Ovejero López; el teniente de alcalde y responsable de Hacienda de esta localidad, José Javier Hernández Nieto; el concejal de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez; o el jefe de gabinete del alcalde parleño, Antonio Borrego Fortea.
También en Móstoles fue detenido el adjunto al concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, a quien se le atribuye haber firmado un contrato en mayo con la empresa Cofely de 72 millones de euros. También figuran entre los detenidos varios funcionarios como el arquitecto municipal de Valdemoro, José Luis Navarro Soto; la ingeniera municipal de Parla, Elena María Fernández Pérez; o el técnico municipal de Serranillos del Valle Marco Durán.
Otro arrestado es el supuesto «conseguidor» David Marjaliza, a cuya actividades estaban vinculados los también detenidos Ana María Ramírez, Eduardo de la Peña, José Luis Huertas, Antonio Serrano y Antonio Ruiz. También fue puesto a disposición de la Guardia Civil José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Esta institución que se encarga de controlar todo el sistema informático de la Administración regional y que depende de la Consejería de Presidencia.
