Este es, con seguridad, uno de los momentos más bajos para el Partido Popular en esta legislatura que se suponía que iba a ser un paseo militar, con una mayoría de 187 diputados en el Congreso de los Diputados. La Operación Púnica, llevada a cabo por la Guardia Civil, se ha saldado con decenas de detenidos, cuatro de ellos alcaldes del PP, uno del PSOE, y un ex secretario general del PP.
Con ello, la propia estructura del partido, en la Comunidad de Madrid, que capitanea Esperanza Aguirre, cuyo liderazgo ha quedado tocado muy debilitado en su autoridad y su credibilidad, a pesar de las disculpas públicas.
Lo que está cayendo no es moco de pavo. Y a pesar de todo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha subrayado hoy, ante el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y los 17 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción.
El ministro ha afirmado ante sus señorías que debe exigirse a los representantes de los ciudadanos un plus de comportamiento ético.
Sucedió durante la clausura de las Jornadas anuales de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), que se han celebrado en A Coruña.
El ministro proyectó tranquilidad absoluta. Sin perder los nervios. En el momento más crítico para el partido en el Gobierno, cuando ya se sabe que “Podemos” sobrepasa en militantes al PSOE y en el que en la encuesta del CIS que se avecina se presume el anuncio de una catástrofe electoral, a siete meses de las municipales.
En ese entorno, y con esa presión política y mediática, Catalá contó a los jueces que el Gobierno impulsará –en el año que le queda- una reforma de la Ley Orgánica el Poder Judicial (LOPJ) que pueda sentar las bases de una posible redistribución de asuntos entre juzgados, sin modificar los partidos judiciales.
Para ello, Catalá aseguró que confiará en la colaboración de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Por su naturaleza colegiada pueden ser referencia para una cierta actitud de trabajo en equipo de cara a la implantación de la Oficina Judicial que impulsará con decisión.
Catalá ha apelado al caudal de experiencia de los 48.000 profesionales que trabajan en la Administración de Justicia para proceder a mejorarla a través de la gestión, que es la vía por la que apostará para afrontar los problemas existentes frente a otras vías utilizadas con anterioridad: el aumento del gasto presupuestario y los cambios normativos a gran escala.
LO QUE QUIEREN LOS PRESIDENTES
Por su parte, los presidentes de TSJ reivindicaron la Justicia como «factor clave para la regeneración de la democracia y del sistema de convivencia, afectado por el desaliento cívico y la desconfianza hacia las instituciones, derivada de la existencia de graves casos de corrupción».
Y lo hicieron como suele hacerse en estos casos. Con una declaración aprobada al término de la reunión, que, bajo el título de «La nueva organización judicial», han mantenido esta semana en A Coruña.
Según los 17 presidentes de TSJ, «la reforma integral de la Administración de Justicia constituye una medida imprescindible para contribuir a alcanzar esa regeneración».
Esa reforma, añaden, debe basarse en una nueva planta y demarcación judicial «más racional y eficiente» y en otro modelo procesal penal, «que dé respuesta satisfactoria a las nuevas formas de delincuencia que están socavando las instituciones democráticas y la confianza ciudadana en ellas».
Asimismo, los presidentes de TSJ subrayaron una vez más que gran parte del problema eran las leyes inadecuadas que existen y las graves deficiencias organizativas que padecen. Y volvieron a reivindicar lo que ya se hizo a principios de 2000: un gran pacto por la justicia.
