El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco comenzará a interrogar a partir de este mediodía a cuatro de los primeros 17 detenidos en la ‘operación Púnica’ para preguntarles por su relación con la trama de corrupción de la que presuntamente formaba parte el ex secretario general del Partido Popular de Madrid Francisco Granados, quien declarará el jueves.
Entre los 17 detenidos que está previsto que pasen este miércoles a disposición judicial se encuentran el director general de Cofely, Didier Maurice; los alcaldes de Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); y Collado Villalba, Agustín Juárez (PP); así como el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás.
Pasadas las once y media de la mañana ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim de Madrid el primer furgón de la Guardia Civil que transportaba a los detenidos, que iba escoltado por un coche de seguridad. Los agentes han sido recibido con los aplausos y felicitaciones de varios vecinos del barrio de Chueca que presenciaban la escena. «Gracias a ustedes por apoyarnos», ha contestado un agente de la UCO.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y la fiscal Anticorrupción Carmen García empezarán a interrogar previsiblemente a los miembros de la trama que tenían una menor relevancia para finalizar con los supuestos cabecillas de la red y los políticos implicados, a los que se acusa de cobrar comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato.
El 3% de comisión
La trama, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos –PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA–, y no la financiación de sus respectivas formaciones.
La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética. Según fuentes jurídicas, este sería el caso de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez. A cambio los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario.
Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores –los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca–, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.
Seis alcaldes madrileños
Entre los detenidos se encuentran un total de 17 cargos relacionados con la política municipal y regional, tres funcionarios de varios ayuntamientos madrileños y 14 empresarios. A todos ellos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la administración y organización Criminal.
