El presidente de VOX, Santiago Abascal, el responsable jurídico del partido, Javier Ortega, y el abogado penalista José Duarte han presentado esta miércoles ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra Bankia y contra los que fueron sus directivos y consejeros por el gasto injustificado y no declarado de más de 15 millones de euros cargados con las supuestas tarjetas de crédito ‘opacas’
Según ha informado la formación en un comunicado, también ha solicitado a la Audiencia Nacional prisión sin fianza para los «máximos responsables» y la retirada «inmediata» del pasaporte a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y al ex director financiero de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj.
Entre los querellados se encuentran 20 directivos, 26 consejeros nombrados a propuesta del PP, 15 del PSOE, cinco de IU, seis de CCOO, cuatro de UGT, uno de la Confederación de Cuadros y cinco de la Patronal. Tal y como relata la formación, el uso de las tarjetas «negras» estaba escondido y falseado en una contabilidad manual y creativa que las vinculaba a extrañas cuentas como ‘errores del servidor’.
Esto, según asegura Ortega «muestra una clara voluntad de irse apropiando de la mayor cantidad de dinero posible y de engañar a la inspección del Banco de España, a la Agencia Tributaria y a las firmas auditoras».
Gravísmos perjuicios
El partido considera que esta continuada actividad delictiva ha sido en perjuicio de los accionistas, de los clientes y de la Hacienda pública y ha causado gravísimos perjuicios económicos, laborales, morales, psicológicos y sociales a cientos de personas, además de que ha generado una gran alarma social.
Estas conductas son, a juicio de VOX, constitutivas de los delitos de apropiación indebida, administración desleal, contra la hacienda pública, de alzamiento de bienes, de falsedad en documento mercantil y de organización o grupo para delinquir.
Esta acción es uno de los proyectos de la iniciativa #VOXteDefiende que ha puesto en marcha el partido y que trata de velar por el cumplimiento estricto de la Ley y del Ordenamiento Constitucional, en especial de las normas fundamentales que afectan a la unidad, soberanía, convivencia, libertad individual y familiar, protección de los más débiles y vigilancia de los límites del Estado.(EP)
