La Guardia Civil, en el marco de la ‘Operación Púnica’, ha pedido a la Comunidad de Madrid información relativa a contratos y facturas de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, del Consorcio Regional de Transportes, del área de Urbanismo por la presencia de Arpegio y de subvenciones de dos ayuntamientos en materia educativa.
El presidente del Gobierno regional, Ignacio González, ha explicado en rueda de prensa para presentar el anteproyecto de ley de presupuestos generales de 2015, que «desde el primer momento» la Comunidad de Madrid está «colaborando» con la Guardia Civil y que lo van «a seguir haciendo».
De este modo, ha explicado que «hasta el momento» se han presentado en «distintas dependencias» de la Comunidad y que le han «facilitado» toda la documentación que ha pedido. Así, en el caso de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se han «interesado» por tres contratos, según ha detallado González.
Se trata de un contrato sobre intérpretes judiciales, otro sobre seguridad en los juzgados y otros sobre arrendamiento de los locales donde se encuentran ubicados los juzgados de Valdemoro, localidad que fue gobernada por Francisco Granados, detenido en la trama y considerado uno de los ‘cabecillas’ de la misma. Granados fue responsable de la cartera de Justicia en el Gobierno regional.
