El juez Eloy Velasco tiene previsto tomar hoy declaración al ex consejero madrileño y ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, así como al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y a otros quince detenidos en la operación Púnica contra la corrupción.
El magistrado de la Audiencia Nacional envió ayer a prisión eludible bajo fianzas de 60.000 euros a los alcaldes de los municipios madrileños de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla, José María Fraile (PSOE), así como al jefe de gabinete de este último, Antonio Borrego, y de 25.000 para el testaferro de Marjaliza, Antonio Cándido Ruiz.
En total, el magistrado tiene previsto finalizar hoy los interrogatorios de los detenidos esta semana en la operación con la toma de declaración de doce de los 35 arrestados (otros seis quedaron en libertad por parte de la Guardia Civil).
También declararán hoy cinco empresarios, dos de ellos Didier Maurice y Constantino Álvarez, de la multinacional francesa Cofely, que recibió numerosas adjudicaciones irregulares, así como otros tres de empresas de Marjaliza (Eduardo de la Peña, José Luis Huerta y Antonio Serrano).
Estos cinco tenían que haber comparecido ayer, pero finalmente sus declaraciones se pospusieron a hoy.
En el auto dictando las prisiones y libertades, el juez afirma que los detenidos formaban parte de una «trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios», contratos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de euros.
«redes clientelares»
Las «redes clientelares de tráfico de influencias» desarticuladas en la ‘operación Púnica’, constituidas en torno al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Así consta en el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que señala que Granados formaba parte de «una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada».
