Las asociaciones de jueces y magistrados Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia acusan al Gobierno de lanzar un argumento «oportunista», «falaz» y una «cortina de humo» cuando anuncia como una medida contra la corrupción la incorporación de 282 jueces. De ellos, solo dos nuevos irán a parar a la Audiencia Nacional, una cifra que resulta «irrisoria».
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, asegura que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «no está diciendo la verdad» cuando vincula las casi 300 plazas con la lucha contra la corrupción. Decir esto es «oportunista».
El decreto de Adecuación de Planta Judicial, que hoy se ha aprobado, no crea nuevos juzgados, sino que se limita a regularizar la situación de jueces que ya llevan bastante tiempo incorporados, pero que se encontraban en la situación «irregular» de expectativa de destino, por no tener un órgano judicial propio y encontrarse reforzando otros juzgados. «Lo que se ha hecho es un ajuste de la plantilla».
«Es decir, no se va a incorporar ningún juez más de los que ya existen y el decreto únicamente regulariza esta situación a efectos administrativos», ha indicado Bosch, para poner de relieve que «en los últimos tres años el Gobierno no ha creado ningún juzgado».
«Al haber más de 300 jueces que habían aprobado previamente las oposiciones, estos no tuvieron un destino definitivo en el que ejercer sus funciones y estaban trabajando en los más variados órganos judiciales de forma provisional» y «lo que ha hecho ahora es regularlo a nivel administrativo», ha explicado. Estaban en situación «irregular» porque «son compañeros que no podían concursar a ningún sitio». «Y esto es completamnete injusto», asegura Bosch. Además, conluye que «esto no le cuesta ni un euro al Estado porque esos jueces ya estaban trabajando en distintas jurisdicciones».
En el el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha destacado que el real decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros «no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción», sino que se trata de evitar el desequilibrio entre el número de jueces en activo y sus plazas. «No son nuevos juzgados», ha agregado. Es una «operación de maquillaje porque estos puestos eran para jueces que no tenían destino. No cambia nada», asegura
«No tiene nada que ver con ningún plan contra la corrupción, las plazas son bienvenidas y agilizarán la carga de trabajo pero no tienen nada que ver. Las dos únicas serían las de la Audiencia Nacional», ha señalado Sexmero, en referencia a las dos plazas de la Sala de lo Penal, encargada de juzgar los casos de este órgano pero no de instruirlos. Y recuerda que «desde hace tres años no se crea ningún juzgado, ni se realizan oposiciones para jueces».
Son jueces que no tienen nada que ver con la corrupción, están en juzgados laborales, civiles y administrativos. Lo cierto es que «es mentira que se aumente la plantilla de jueces y de juzgados». Y, por supuesto «no tiene nada que ver con la corrupción en absoluto», sotiene Bosch.
PLAZAS PARA LA VÍA CIVIL, LABORAL O ADMINISTRATIVA
En este sentido, ha afirmado que la mayoría de la adecuación de plantilla del decreto, impulsado por Alberto Ruiz-Gallardón antes del verano, no guarda relación con el ámbito penal, sino que son plazas vinculadas a la jurisdicción civil, laboral o administrativa, sin el menor vínculo con la corrupción, por parte de jueces que ya llevan tiempo ejerciendo estas funciones.
La única alusión a la corrupción es que se amplía la plantilla en dos magistrados en la Audiencia Nacional; en todo caso, «dos magistrados nuevos sobre un total de 5.000 jueces resulta irrisorio para actuar contra la corrupción». Estos irán destinos a la Sala de lo Penal, pero no a los Juzgados Centrales que investigan causas como la Gürtel o el caso Bankia.
«Los jueces se muestran indignados ante el anuncio del Gobierno, especialmente aquellos que llevan años en esa situación de irregularidad por no disponer de plaza, pese a haber aprobado una oposición», asegura Joaquim Bosch.
Jueces para la Democracia ha lamentado que Rajoy no impulse medidas rigurosas contra la corrupción y, en cambio, «lance cortinas de humo de forma oportunista para dar la sensación de que se está haciendo alguna cosa».
Ambas asociaciones han hecho un llamamiento a reformar los órganos de control interno y externo para supervisar la actuación de las Administraciones o los partidos. Han reclamado más medios contra la corrupción y han apostado por limitar la amplia discrecionalidad de la Administración en la adjudicación de contratos y en materia urbanística, «verdadero caldo de cultivo» para las prácticas corruptas.
