El Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia procesa al ex alcalde socialista de la localidad, José Manuel Orengo, por un presunto delito de prevaricación en el caso abierto sobre la contratación de créditos bancarios irregulares durante los años 2009 y 2010 por valor de 50 millones de euros.
El juez incoa un procedimiento abreviado contra Orengo y la ex concejala de Hacienda, Ana García, quienes pasan de imputados a posibles acusados. El auto dictamina en la parte dispositiva que las partes implicadas pueden solicitar en el plazo de diez días la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de las causas o, en su caso, “la práctica de aquellas diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación”. José Manuel Orengo asegura que va a recurrir el auto y que pedirá el sobreseimiento a la Audiencia. Mientras, el ejecutivo popular presentará un escrito de acusación.
El magistrado abrió diligencias previas tras la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Gandia contra los socialistas en el mes de febrero. El gobierno popular detectó que el anterior ejecutivo socialista realizaba préstamos sin el preceptivo permiso de la Conselleria de Hacienda. El ejecutivo local de Gandia, ante esta resolución judicial, solicitará la nulidad de todos los préstamos irregulares que firmaron los socialistas.
Desde el PP, el portavoz del gobierno de Gandia, Víctor Soler, solicitó al PSOE que se aplique el código ético lanzado por el secretario general del partido, Pedro Sánchez, «consistente en expulsar a aquellos políticos que tengan la condición de acusados con juicio oral abierto».
El PP considera que la gestión del anterior gobierno derivó en «una situación económica y financiera de enorme gravedad para la localidad», advirtió el alcalde de Gandia, Arturo Torró. El Ayuntamiento de Gandia arrastra una deuda de más de 250 millones de euros. De ellos, 233 millones se debe a bancos y el resto, es la deuda comercial. El PP acusa a los socialistas en la denuncia de contratar créditos que no contaban con el visto bueno ni del secretario ni del interventor. El secretario, según los populares, llegó a advertir sin éxito a los firmantes y a los bancos de que no se podían firmar determinados préstamos
El proceso supone una paralización del procedimiento de los embargos que tiene Gandia. Orengo, precisamente, remarcó que la denuncia tiene este objetivo. El dirigente socialista dijo que todos los créditos del Ayuntamiento estaban «dentro de la ley».
