El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha considerado que el momento más adecuado para que un cargo público investigado por la comisión de posibles delitos abandone sus responsabilidades se produce en el momento del juicio oral.
El ministro ha precisado que una privación de libertad lleva consigo una «incompatibilidad de hecho» para llevar a cabo la actividad profesional, como ocurre en el caso del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, preso por la ‘operación Púnica’.
Al inicio del acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, el ministro ha sido preguntado por el hecho de que cargos públicos como Martínez se resisten a abandonar sus puestos y sobre las seis medidas contra la corrupción que han sido propuestas por la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.
En cuanto a las ideas de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Catalá ha afirmado que el Gobierno está trabajando «en esa línea» y, en concreto, su departamento está preparando medidas que permitan fijar un criterio general sobre el momento más adecuado para que una persona investigada por los tribunales abandone su responsabilidad política. En este sentido, el Gobierno parece coincidir con el PSOe en que el momento más adecuado es que se suspenda a los cargos público a los que se abra juicio oral por corrupción.
