La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha imputado en la causa a otras seis personas, lo que eleva a 229 el número de encausados.
En un auto fechado el pasado jueves 30 de octubre, la magistrada atiende la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción e imputa en la causa al presidente de FCC Medio Ambiente, Agustín García Gila, y al director general de Recursos Humanos de Cespa, Salvador Tudela Edo.
Asimismo, y en relación a Dhul, imputa a Dimas Rodríguez, director general de la Caja Rural de Granada en el año 2007; Rafaela Ruiz, directora de Inversiones de Caja Rural de Granada, y José Miguel Martos Alcalde, director de la oficina principal de la Caja Rural de Granada, mientras que por el expediente de Hitemasa imputa a Rosario González Agulló. La juez entiende que tanto Agustín García Gila como Salvador Tudela Edo «serían participes en las negociaciones que, como consecuencia del conflicto colectivo en el ámbito de la limpieza en Granada», culminaron con el convenio colectivo para esta provincia de 6 de abril de 2006.
Según la magistrada, todo lo anterior llevó a que el 19 de diciembre de 2006 el entonces director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, «sin la tramitación de expediente alguno y con falta de competencia para ello, remitiría escrito a Personal Life mostrando su conformidad para la suscripción de una póliza cuyos beneficiarios eran Cespa y FCC Medio Ambiente con una renta total a percibir por estas empresas de 452.000 euros cada una de ellas». En este sentido, la instructora relata que, el 29 de diciembre de 2006, Personal Life emitió una serie de pólizas de capital diferido y rentas de supervivencia en las que la tomadora era la Dirección General de Trabajo y en las que figuraban tres certificados individuales, en los cuales se designaba como beneficiarias a Cespa y FCC.
La juez dice que, «como cobros derivados de las citadas pólizas, las referidas empresas recibirían de Fortia tras la absorción de Personal Life la cantidad de 276.222,24 euros cada una de ellas en los ejercicios 2006-2007, siendo conocedores» los imputados «como directivos» de FCC y de Cespa «de que todo ello se había llevado a cabo sin procedimiento alguno, sin que FCC solicitara ninguna ayuda o subvención, como tampoco lo había hecho Cespa». A ello se suma que «ninguna de las empresas carecía de capacidad económica suficiente para asumir dichas subidas lineales, pese a lo cual ambas empresas resultaron ser beneficiarias de las citadas pólizas», punto en el que el juez añade que la Junta «asumió obligaciones que en cualquier caso serían de las empresas, conociendo éstos que tal actuación constituía una mera liberalidad, financiada con fondos públicos».
