El PSOE ha aprobado este miércoles la ‘Declaración de Valencia’, que contempla una serie de medidas contra la corrupción y para regenerar la vida política. Entre otras, el PSOE propone rebajar de 120.000 a 50.000 euros el umbral de la cantidad defraudada que constituye delito fiscal y elevar la pena de prisión a seis años, así como el plazo de prescripción.
La llamada «Declaración de Valencia» recoge las 33 medidas que el PSOE ya presentó hace unos días en materia de lucha contra la corrupción y regeneración de los partidos y suma algunas nuevas, como la de bajar el umbral para que se considere delito fiscal, que el entonces Gobierno del PP elevó a 120.000 euros en 2003 a 50.000 euros.
Además de incrementar los plazos de prescripción del delito fiscal como consecuencia del agravamiento de las penas a seis años de prisión, los socialistas apoyan que se prohíban las sentencias de conformidad entre fiscal y acusado en los juicios por delitos relacionados con la corrupción.
Otra medida es la tipificación del delito de enriquecimiento injusto o ilícito para que se castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos detectado durante el período de su mandato en el caso de que no puedan justificarlo.
En caso de no aportar explicaciones, los socialistas abogan por que una condena de prisión o inhabilitación y que la multa se cifre en el triple del aumento patrimonial no aclarado.
«No solo que el corrupto la pague, sino que pague con su patrimonio el dinero robado«, ha defendido el líder socialista, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa celebrada tras la ejecutiva.
El PSOE propone además un plan especial para dotar a los jueces y fiscales, especialmente a la Fiscalía Anticorrupción, de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra los corruptos.
Mejorar la protección de los denunciantes en los casos de corrupción y que se informe a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados sobre los indultos concedidos son otras de las nuevas propuestas acordadas hoy por el PSOE.
Sánchez ha afirmado que el documento contra la corrupción «no es un punto final, sino un punto y seguido».
En el texto, el PSOE asegura que «es la hora de abrir las ventanas de los partidos políticos, de la Justicia, del Parlamento, de las instituciones democráticas en su conjunto para renovar la confianza de la ciudadanía en los asuntos públicos».
Ante la multiplicación de casos de corrupción, el principal partido de la oposición cree que «solo desde la ejemplaridad se podrá recuperar la credibilidad».
«La política debe dejar de prometer y pasar a la acción», resalta el texto.
Entre las medidas recogidas en la declaración que ya se conocían están que ante un juicio por corrupción, los altos cargos involucrados dejen de sus puestos y en el caso de los parlamentarios y concejales, su acta quede en suspenso y cesen si son condenados.
Se prohíbe que quienes se hallen incursos en juicio por corrupción no puedan ir en listas electorales, ni ser nombrados altos cargos en cualquier administración pública.
En materia de contratación del sector público, el PSOE es partidario de fortalecer la prohibición del fraccionamiento de los contratos y reducir las adjudicaciones negociadas sin publicidad.
Crear una Oficina Anticorrupción de control estatal y municipal y que la Audiencia Nacional instruya y enjuicie todos los casos de corrupción política son otras propuestas.
En cuanto a la organización de los partidos, el PSOE defiende incluir en el Código Penal el delito de financiación ilegal de partidos, reducir de forma significativa las donaciones privadas, que las primarias sean obligatorias para elegir a los candidatos y que los parlamentarios tengan dedicación exclusiva.
