La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias para investigar si la cesión de locales públicos para la celebración del proceso participativo de mañana, domingo, puede ser constitutiva de delito.
Se trata de investigar si la cesión de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones públicas para instalar urnas para dicho proceso podría suponer un delito después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el mismo.
La decisión de la Fiscalía superior de Cataluña de incoar diligencias de investigación es el primer paso que da el departamento que dirige Eduardo Torres-Dulce después de que el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente la consulta. El tribunal que defiende la Carta Magna avisó que quedaban suspendidas -mientras se estudiaba el fondo del recurso presentado por el Gobierno- todas las actividades encaminadas a su preparación o publicidad.
Esta decisión de la Fiscalía podría provocar, si se concluye que se está incumpliendo la suspensión decidida por el Tribunal Constitucional, en el que un juez ordenara la intervención de los Mossos d’Esquadra para precintar los citados locales.
En ese caso, los Mossos actuarían como policía judicial. En el Gobierno no existe la menor duda de que cumplirían con la legalidad ordenada, tal y como admitió esta misma semana el propio consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler, “Es una hipótesis lejana. Si pasara, los Mossos actuarían en el marco que corresponda. Atenderán lo que les diga el juez y el fiscal”, explicó. Espadaler recalcó que, si llega esa resolución judicial, no dará la orden de desobedecerla: “Se tendrá que atender y el Departamento de Interior no hará nada para evitarlo”.
Hasta ahora, los fiscales catalanes no habían recibido ninguna instrucción ni orientación directa de la Fiscalía General del Estado ante la posibilidad de que el mismo domingo se presenten denuncias que intenten parar la votación. La incertidumbre crece, especialmente, entre los fiscales que estarán de guardia el domingo, que pueden verse en la tesitura de tener que dar al juez su punto de vista sobre las denuncias que hipotéticamente se presenten.
Denuncia de Sociedad Civil
Los miembros de Sociedad Civil Catalana, han presentado esta tarde una denuncia contra la Generalitat por utilización ilegítima de los datos personales de los ciudadanos recogidos en el Idescat para la celebración de la consulta ilegal del 9N, un acto suspendido por el Tribunal Constitucional.
