Es un hombre comprometido con la mejora de la Justicia. Para él es una cosa personal. A sus 59 años, desde la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira Morante (Madrid, 12 de enero de 1955), tiene todavía fe y esperanza en que esto alguna vez encuentre una solución viable.
TEXTO E IMAGEN: YOLANDA RODRÍGUEZ Y CARLOS BERBELL
Y más ahora, que toca tiempo de balance, con el 25 Aniversario-cumpleaños de la creación de los 17 Tribunales Superiores de Justicia que vinieron a sustituir a las Audiencias Territoriales. Vieira mira con distancia y reflexión la exposición de fotos que han montado en el edificio del TSJM.
Al término de la reunión que celebraron presidentes de TSJ en A Coruña la última semana de octubre bajo el título “La nueva organización judicial”, Vieira y sus compañeros hicieron público un comunicado afirmando que “la reforma integral de la Administración de Justicia constituye una medida imprescindible para contribuir a alcanzar la regeneración de la Justicia».
Esa es la vía preferible, la de la reforma integral, pero hay otra, la del “pasito a pasito”, de las pequeñas reformas de calado. Vieira es realista.
Pero es que en el mundo de la justicia no hay una brisa de viento. Calma chicha. Desde hace tres años. No hay dinero. Pero se habla y se habla. Por eso “la sociedad está descontenta, porque estamos hablando continuamente de reformas y reformas y no llega ninguna”.
Vieira es juez de carrera desde 1981. Es compañero de promoción de Margarita Robles, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, quien fue la primera mujer presidenta de la Audiencia Provincial de Barcelona y vocal del Consejo General del Poder Judicial, de María Eugenia Alegret, magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJN); Alegret fue la primera mujer presidenta del TSJN, y también de Baltasar Garzón, ex titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Su primer destino fueron los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de San Clemente, Cuenca, y de los pueblos leoneses de Sahagún y la Bañeza; como juez. En julio de 1983 fue elevado a la categoría de magistrado, ocupando diversos destinos en Barcelona, Burgos, Segovia y Madrid.
En la capital de España presidió la Sala V de la Audiencia Provincial y dirigió juicios tan relevantes como el del caso de los fondos reservados, por el que se sentaron en el banquillo los ex ministros del Interior, José Barrionuevo y José Corcuera, el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, el ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal y el ex director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado. Fue un juicio que se televisó de principio a fin, como ya se venía haciendo en la Audiencia Nacional, a través de Tribunal Televisión, un canal de justicia que se distribuía en Vía Digital. Fue todo un hito.
Luego Vieria se convirtió en presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y después, en 2010, en presidente del TSJM, puesto que renovó el pasado mes de junio. La entrevista se celebra en su despacho, que da al Tribunal Supremo.
¿Cuáles fueron las principales medidas acordadas por ustedes, presidentes de TSJ, en A Coruña? ¿Y cuáles creen de verdad que van a poder llevar a cabo?
Hemos sido bastante posibilistas en Galicia. No hemos querido afrontar unos grandes proyectos, sino ofrecer unas soluciones más inmediatas. Por ejemplo, nos hemos decantado por la especialización. Incluso hemos ofrecido al Ministerio de Justicia soluciones concretas, que sin grandes modificaciones legislativas, puedan provocar una mejora sustancial, inmediata, en los órganos judiciales.
Un botón de muestra: hemos propuesto algo, que parece una medida nimia, una pequeña modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los atestados judiciales, -sin autor conocido-, en vez de trasladarse a los órganos judiciales se trasladen a la Fiscalía. Con ello evitamos trámites. Y esto es importante, porque esos trámites multiplicados por 5.000 o 6.000 son muchos trámites. El efecto que se podría provocar sería muy importante.
Nosotros, los jueces, somos los que mejor sabemos lo que funciona bien y lo que funciona mal y qué se puede hacer para arreglarlo.
¿Cuáles de las propuestas impulsadas por el anterior ministro, Alberto Ruiz Gallardón, pueden ver la luz con Catalá y cuáles no?
Yo creo que Rafael Catalá ha entrado con un talante conciliador. Es consciente de que a esta Legislatura le queda poco tiempo para llevar a cabo unas reformas que exigirían un debate parlamentario enorme y que serían muy difícil de poner en marcha en un tiempo breve. Por eso creo que se está planteando aquellas medidas que pueden ser eficaces y viables. Es un planteamiento que yo comparto totalmente.
Muchas de las medidas que propuso Gallardón pueden ser implementadas, si se modifican y se limitan. Mejorarían de forma sustancial los juzgados.
¿Han mejorado los Juzgados con la Ley de Tasas?
Yo creo que sí. Se han reducido el número de asuntos. Por ejemplo, en la jurisdicción civil. No soy contrario totalmente a las tasas. Aunque reconozco que en algunos casos pueden las medidas pueden resultar demasiado drásticas e impedir el acceso de las personas a la tutela judicial efectiva.
Hay algunas que pueden ser, incluso, injustas en su resultado final. Puedo mencionar las tasas que se requieren para interponer recursos de apelación o casación. Puede resultar injusto que después de haber abonado una tasa importante, y después de que se haya estimado el recurso de apelación o de casación, que esas tasas no se devuelvan. Cuando al aceptar el recurso se confirma que había motivos para presentarlo.
¿Cuáles son los asuntos más comunes en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid?
En la Sala de lo Civil y lo Penal hasta 2011 prácticamente solo teníamos asuntos penales. Desde 2011, al asumirse las competencias civiles en materia de arbitrajes, de algunos temas de arbitraje como la anulación de laudos arbitrales, el reconocimiento de laudos y resoluciones arbitrales extranjeras así como el nombramiento de árbitros, se ha incrementado el número de asuntos civiles. En estos momentos constituye la carga más importante de trabajo de la Sala de lo Civil y lo Penal.
Hay otra carga importante que son los recursos de apelación de juicios con jurado y los pronunciamientos de causas sobre aforados. No es que se hayan abierto muchas, pero sí nos hemos pronunciado en muchas ocasiones sobre querellas o denuncias presentadas contra aforados, lo que exige un estudio y un análisis en profundidad de sus argumentos.
¿Usted apuesta por reformar la Administración de Justicia de golpe o poco a poco?
Yo creo que hay dos formas para ponerla en orden. Se puede hacer una reforma integral o se puede ir pasito a pasito. No es lo óptimo, lo mejor sería hacer una reforma más integral pero hay que ser posibilista. Hay que ver si es factible o no es factible. Si se puede hacer o no.
Si se abordara una reforma en profundidad habría que cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal –que a lo mejor es lo procedente-, aunque esto implique tocar muchos palos. Hasta ahora no se ha puesto en marcha por que se habla de muchas cosas. Se habla de pasar la instrucción a los fiscales, que significa cambiar el Estatuto Fiscal y cambiar la organización judicial. Sobrarían juzgados de instrucción y faltarían fiscales. Sería complicadísimo.
Al mismo tiempo hay que crear las Salas de Apelación de la Audiencia Nacional y en los Tribunales Superiores de Justicia. También tiene que haber otras reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya son muy acuciantes, para regular determinadas formas de investigación policial, como la colocación de micrófonos en determinados lugares.
Hay tantas cosas que modificar, incluso hasta la propia estructura del procedimiento. El procedimiento penal que tenemos es excesivamente complicado y posibilita que se alargue en el tiempo un asunto. Es bastante ineficaz. Incluso hasta la colegiación de la instrucción, eso sí planteada de otra forma, distribuyendo las diligencias.
La sociedad está descontenta…
La Sociedad está descontenta porque estamos hablando continuamente de reformas y reformas y no llega ninguna. Pero ninguna. Creo que lo mejor es trasladar a la ciudadanía que vamos a hacer tal reforma y hacerla. Y que mañana mismo se notara el efecto. Eso es lo que proponíamos los presidentes de los Tribunales Superiores. Por eso poníamos el ejemplo de la reforma de un solo artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es muy fácil.
Se podría analizar también si el régimen de recursos que se establece en estos momentos durante la instrucción de los procedimientos no se puede modificar de alguna forma; limitar algo la posibilidad de interponer recursos. ¿Por qué no hacer algunas pequeñas reformas? Esto daría la sensación de que se hacen cosas.
Ahora la Fiscalía está haciendo pre instrucciones como en el caso del Levante-Zaragoza, algo que también ocurre en algunos asuntos de la Audiencia Nacional
Sí, pero esa pre instrucción del Ministerio Fiscal no implica que el juez no deba hacer después esa misma instrucción. Y esto implica una duplicación del trabajo. Por ejemplo, en el caso Púnica se ha visto la necesidad de que la instrucción no la lleve sólo un juez. Ha habido dificultades sobre los pronunciamientos de prisión provisional a tiempo, antes de que venciera el plazo máximo de 72 horas desde la detención.
Si se detiene a 50 personas, o a 100, en una operación policial hay que recibirles declaración antes de las 72 horas, y hacer un pronunciamiento motivado sobre libertad o prisión. Eso es muy difícil que lo haga una sola persona. No es la primera vez que esto ocurre, recuerdo el caso de los chinos…
¿Tiene usted esperanza en que el ministro pueda hacer algo en el año que tiene por delante?
Yo sí tengo esperanza. Es buena la estrategia que ha adoptado hasta ahora de dialogar con todo el mundo. Creo que la mentalidad que ha traído el ministro le llevará a tomar medidas.
¿Hay muchos juicios mediáticos en el Tribunal Superior de Justicia?
Sí, los que hemos tenido han sido mediáticos casi todos. Hemos tenido la Gürtel, el juicio contra el equipo de Torrejón de Ardoz, o algunos juicios de apelación de juicios con jurado.
¿Cómo se lleva desde la Presidencia esta repercusión mediática?
Estoy curado de espanto, que se dice. Llevo una trayectoria muy larga en la carrera judicial. He sido uno de los que ha impulsado el tratamiento informativo de los asuntos judiciales. He puesto mi granito de arena en algunas cosas como ver cómo se debería hacer este tratamiento con arreglo a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Contribuí también a un sistema de grabación en la Audiencia Provincial, en la sala 0. Llevo con mucha naturalidad la relación con los medios de comunicación.
¿Cree que la presencia de cámaras de televisión en los juicios es positiva o negativa?
Depende de los juicios. Por ejemplo, en el juicio del 11M de la Audiencia Nacional se dio una imagen muy positiva de cómo trabajamos en la justicia. En general ha sido positivo. Aquí tuvimos el juicio de Elpidio Silva que, desde mi punto de vista, fue positivo también, aunque habrá opiniones para todos los gustos.
Hoy en día me preocupa más el tratamiento informativo de la fase de instrucción, el tratamiento informativo que se da después de operaciones policiales. En algunas ocasiones, el tratamiento informativo sobre datos relevantes, que constan en una instrucción, y que no se guarda la reserva adecuada es problemático. El principal problema en estos momentos, desde el punto de vista mediático, está en la instrucción.
¿La palabra imputado tiene tanta carga incriminatoria como se dice?
El imputado no es más que una persona sospechosa a la que se le advierte que acuda con abogado para procurar mejor la defensa de sus intereses. El problema es que la palabra imputado se ha convertido en una suerte de acusación abierta.
Fíjese, hasta el año 78 la instrucción que llevaba a cabo un juez competente era secreta. Hasta que cerraba el caso. Entonces le trasladaban al investigado las acusaciones sin haberle dado oportunidad de defenderse. Esto es una conquista democrática que se ha pervertido.
¿Eso se podría solucionar en parte si los procedimientos fueran menos largos?
Por supuesto. Una de las medidas que hemos propuesto es que los procedimientos sean menos largos. A mi me preocupa ver en los medios, por ejemplo, que el tribunal tal ha rebajado la condena de alguien por la atenuante de dilaciones indebidas. Esto es para preocuparse. Esto está bien para el condenado pero y ¿la víctima? La víctima no obtiene una justicia adecuada y justa.
Imagínese a una persona inmersa en un procedimiento civil que se dilata en el tiempo, su situación económica puede hacer cambiado mucho. Ha podido ser catastrófica.
No le digo nada si hablamos de un opositor, que se ha visto postergado en una oposición y recurre por lo contencioso. Al cabo de los cinco años le dicen que sí, que la plaza es suya o que se pueden volver a repetir las oposiciones.
Ahora los 17 Tribunales Superiores de Justicia celebran el 25 Aniversario de su creación, ¿que le supone al presidente del TSJM hacerlo en una fecha tan significativa?
Supone presidirlo en un momento de madurez enorme del Tribunal. También somos muy conscientes de las carencias que tenemos, por dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que mejorar.
¿Qué es lo más destacable de la Exposición que han puesto en escena en el sótano del TSJM?
Recoge muchos de los principales momentos de la Administración de Justicia de Madrid. De estos 25 últimos años. Y también algunos anteriores. Revela la enorme importancia que tiene en la sociedad la Administración de Justicia. Se han resuelto muchos asuntos de corrupción. Muchos delitos han desaparecido, como el adulterio. En la Exposición se ve la evolución de la sociedad haciendo desaparecer figuras penales anacrónicas. También recoge algunos personajes importantes que han pasado por los tribunales, como Jacinto Benavente, o famosos, como Lola Flores o Los Albertos. Y recoge, por su puesto, la incorporación de la mujer a la carrera judicial.
Creo que uno de los sectores donde esta incorporación se ha hecho más masivamente y con más normalidad. Refleja bastante bien la actividad de los órganos judiciales y la importancia que tiene la justicia en Madrid. Cualquiera puede venir a verla. La entrada es libre.
¿Y cuáles son los grandes retos que tiene ante sí el Tribunal Superior de Justicia de Madrid?
Son muchos. Nos gustaría lograr influir, de alguna forma, para que se modifique la estructura del Poder Judicial. No sabemos si podremos conseguirlo, pero hay que denunciar esa triple división de competencias (Ministerio, Consejerías de Justicia y Consejo General del Poder Judicial) que es nefasta. Ahora estamos en situación para ponerlo en marcha.
Desde el Tribunal Superior también hemos aportado ideas para la mejora de la Administración de Justicia. Ha habido unos proyectos de Ley –puestos en marcha por la anterior Administración de Justicia- que a pesar de sean discutibles han puesto sobre el tapete la necesidad de hacer refirmas en profundidad. Ahí hay algunas ideas que se pueden aprovechar.
Desde el TSJ también podemos proponer medidas administrativas que pueden mejorar la situación de Madrid y la de otros territorios. No somos un “Think Tank” (un comité de generación de ideas nuevas) al uso, pero nos asemejamos bastante. Y eso es porque conocemos el terreno que pisamos.
¿Cuántos jueces forman parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?
Actualmente hay más de 700 jueces, sin contar los jueces sustitutos y los magistrados suplentes. Lo que sumaría unos 100 más. 800.
Madrid tiene algunas ventajas como es la concentración de los juzgados y de órganos judiciales, con unas magníficas vías de comunicación y un transporte público excelente. Esto debería ser utilizado por la Administración de Justicia.
Las peculiaridades de Madrid podrían lograr una especialización, que es lo estoy proponiendo yo ahora. Una mayor especialización de los órganos judiciales y una concentración, incluso, en la capital de la provincia de algunos órganos judiciales.
