El Gobierno tratará de enmendar los presupuestos generales del Estado en el Senado para ayudar a las comunidades autónomas a financiar el servicio de justicia gratuita que dota a las personas con menos recursos económicos de abogados o procuradores de oficio y les ahorra las cuantiosas tasas judiciales, entre otras prestaciones.
El Ejecutivo ha recaudado más de 512 millones de euros con las tasas judiciales aprobadas a finales de 2012 con el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien el pasado abril afirmó en el Congreso de los Diputados que el dinero ha ido destinado «naturalmente» a sufragar los costes de la Administración de Justicia y, de forma «muy especial» el incremento de coste producido por la ampliación de la justicia gratuita a nuevos supuestos y beneficiarios.
Con todo, la partida de justicia gratuita en los presupuestos de Justicia para el próximo año se ha situado en los 34,93 millones de euros, muy lejos de los cientos millones de euros recaudados con este nuevo gravamen, y las comunidades autónomas se quejan de que tienen que pagar más dinero por la ampliación del servicio de justicia gratuita pero a cambio no han recibido «ni un euro» pese a la subida de las tasas.
A partir de ahora, el ministerio de Rafael Catalá iniciará conversaciones con su homólogo de Hacienda, Cristóbal Montoro, para cofinanciar con las comunidades autónomas parte del gasto de justicia gratuita. Aún no se ha cerrado la cuantía exacta, aunque esta en ningún caso llegará a los 500 millones recaudados con las tasas, y la fórmula escogida ha sido a través de una enmienda en los presupuestos durante su tramitación en el Senado.
