El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, reclama «garantías de neutralidad» en el proceso judicial que investiga el caso Bárcenas y la posible financiación ilegal del PP tras conocerse que la jefa de la Abogacía del Estado, Marta Silva Lapuerta, además de ser sobrina del ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, tuvo relación con la empresa Sacyr, señalada en esa causa.
En concreto, según informa la Cadena Ser, Marta Silva Lapuerta, jefa de los abogados del Estado y sobrina del ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta era secretaria y jefa jurídica de Sacyr cuando “pagaron supuestamente 200.000 euros a Cospedal a cambio de las basuras de Toledo. Marta Silva afirma que se abstiene de cualquier decisión sobre el caso”.
Algo, cuanto menos sospechoso, según el PSOE, que insiste en que la Abogacía del Estado no se ha personado en la investigación de esa financiación porque «es muy difícil administrar justicia cuando se es juez y parte».
«No es lógico que la Abogacía del Estado no se persone en el caso de la caja B del PP, a pesar del evidente interés en esta causa, una decisión que se envuelve en sospechas cuando se conocen noticias como éstas», ha planteado Pradas.
Fuentes jurídicas consultadas por la SER consideran “incomprensible” que la Abogacía del Estado no esté personada en este caso, cuando como es su obligación, reclama formar parte de prácticamente cualquier proceso en los que se investiga un fraude fiscal relevante. Además, sí que forma parte de la pieza principal del procedimiento o ‘caso Gürtel’, lo que a juicio de las mismas fuentes, debería haber provocado la inmediata personación en la pieza separada que investiga la Caja B del PP.
Posible conflicto de interés
Solo en la Audiencia Nacional, donde se juzgan estos dos asuntos, hay 19 letrados del Estado, pero se trata de un cuerpo jerarquizado. “No pueden tomar sus propias decisiones sobre la aceptación o renuncia a un caso sino que dependen «funcional y orgánicamente», según su reglamento, del Abogado General del Estado.»Y este cargo lo ocupa desde primeros de enero de 2012, al poco de llegar Mariano Rajoy a La Moncloa, Marta Silva Lapuerta”, según La Ser.
Pero su vinculación familiar con el ex tesorero del PP, no es el único posible conflicto de intereses de Marta Silva en la causa. “En 2007, cuando supuestamente la empresa Sacyr pagó una comisión de un mínimo de 200.000 euros para la campaña de Cospedal en Castilla-La Mancha, a cambio de un contrato de basuras en Toledo, Marta Silva era secretaria general y del consejo de administración de esta empresa, y directora general de su asesoría jurídica, según la documentación remitida por Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores”, como indica la Cadena Ser.
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Por todo ello, Antonio Pradas, insiste “Me gustaría creer plenamente en la justicia, pero este Gobierno me lo pone muy difícil». Para remarcar sus palabras ha citado casos de «ex ministros del PP que salen por la puerta de atrás de la prisión, mientras que otros no acaban de entrar a pesar de las sentencias condenatorias».
